#Morón Interpelación por el caso Ortigoza: «Nada hacía suponer que tenía una actividad delictiva»
El abogado Damián Cardoso, secretario de Seguridad del Municipio, fue el encargado de brindar este jueves las explicaciones requeridas por la oposición, en el marco de la interpelación convocada por el Concejo Deliberante de Morón referida al caso de Luna Suyai Ortigoza, la exfuncionaria que pasó las últimas dos semanas prófuga de la Justicia.
La ex directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de Morón tiene un pedido de captura nacional e internacional desde el 22 de mayo, luego de que en un allanamiento se secuestraran paquetes de cocaína e instrumentos para su corte y comercialización. A su vivienda, ubicada en Castelar Sur, había llegado la PFA con instrucciones de la Fiscalía N°9 de Morón, que investigaba una denuncia por supuesta comercialización de drogas.
Aquella madrugada hubo siete operativos simultáneos (6 en Castelar) y un sólo detenido, que aseguró ser apenas un consumidor y acusó de ese suministro tanto a Ortigoza como a su novio, Ángel Daniel Paz, quien también sigue prófugo.
La tormenta mediática que se venía llevó al gobierno de Luca Ghi a tomar medidas urgentes y procurar control de daños. Aunque en esa vorágine comitió algunos errores que la oposición le hizo pagar. Hoy, el abogado (fue más por su experiencia judicial que por su responsabilidad política) reconoció que fue «confuso» el comunicado emitido el 22 de mayo en el que se aseguraba que Ortigoza había sido desvinculada «en el marco de los allanamientos impulsados desde la Secretaría de Seguridad para combatir el delito en el distrito» motivo por el cual «fueron hallados estupefacientes en una propiedad perteneciente a una funcionaria municipal del área de Políticas de Género».
Cardoso tuvo que reconocer también que Ortigoza fue degradada de sus funciones en el acto, pero sigue siendo empleada de planta del Municipio. Había ingresado en febrero del 2020 como temporaria y en junio de 2025 la nombraron Directora. Eso sí, mientras se realizan los «sumarios» administrativos correspondientes será retenido su salario.
En su primera locución, el secretario se encargó de aclarar que «no recibimos ninguna alerta» previa al secuestro de los estupefacientes y desvinculó a la gestión municipal de las actividades personales de Ortigoza. Lo explicó no sin tropiezos:
«Me entero que había sido detenida una funcionaria del municipio. Me entrevisto con fiscal Monti, quien me dijo que la información era correcta, que la funcionaria estaba prófuga y que tenía que tomar medidas urgentes», se contradijo. Minutos después, consultado puntualmente por los concejales, aclaró que Ortigoza no fue hallada ni en esos operativos, ni hasta el día de la fecha por la Policía, y que «desconozo absolutamente» cuál puede ser hoy su paradero.
«No nos entrometemos en las cuestiones judiciales. Lo único que hice fue ponerme a disposición de la Fiscalía, para aportara cualquier elemento. Con más razón cuando me explicó que podía ser una funcionaria. No me dio más detalles», recordó de aquel encuentro con la fiscal.
Luego reflexionó: «Tenemos una funcionaria que desarrollaba su actividad normalmente, que nada hacía suponer que tenía una actividad delictiva, que no tenía ningún nexo entre el delito y la gestión municipal. No se involucraron sus funciones con la actividad paralela, a escondidas, desarrollada en horarios en que estaba afuera del municipio (…) La diferencia la marca la reacción del intendente. Podemos discutir sobre el procedimiento de idonaiedad, puede fallar. Más cuando la persona no tiene ningún antecedente en el área. Pero lo malo sería que una funcionaria que vende droga no fuera desplazada de inmediato. Lo importante es la reacción del Estado, de la política».
Luego sobrevino un extenso y por momentos tenso «interrogatorio». El concejal Ariel Aguilera le preguntó si era cierto que la sospechosa estaba de «vacaciones» el día de los allanamientos, como había soltado el propio Cardoso en una entrevista televisva. «No estaba, me equivoqué… fue a trabajar el jueves anterior al allanamiento», le respondió.
Tanto el edil de Todo por Argentina, como el bloque de Fuerza Patria intentaron acorralarlo por la responsabilidad política de la jefa inmediata de Ortigoza, es decir la secretaria de Políticas de Género, Laura De Peri, quien fue nombrada en abril de 2025, en reemplazo de referentes del Nuevo Encuentro. El partido que desde ese entonces pide la cabeza del secretario de Legal y Técnica, Hernán Sabbatella, quien ya había sido denunciado por un supuesto abuso (la causa se archivó) y finalmente fue suspendido tras una denuncia de violencia de género de su pareja.
«¿Luna Ortigoza fue nombrada a pedido de Laura De Peri?», consultó Diego Spina (FP). «No lo sé», le devolvió Cardoso.
Lo que el sabbatellismo intentaba instalar era el perjuicio de la duda respecto de las razones políticas que llevaron al ascenso de la prófuga, que no tenía experiencia siquiera en el área de Género. Que había ingresado al Municipio por la militancia de su madre en Nuevo Encuentro. Pero que luego fueron nombradas ambas con cargos políticos cuando se pasaron al «luquismo». Silvina Ortigoza, madre de la prófuga, asumió en la UGC 5 en 2025 y sigue en el cargo.
Más de una vez se le hizo saber que «el que tenía que venir era el intendente o la secretaria de Género». Pero la delegación del informe está contemplada en la Ley Orgánica de Municipalidades.
Desde LLA y el PRO, autores del proyecto que derivó en la interpelación, bucearon sobre la investigación interna del Ejecutivo.
«El detenido declaró que era comprador de Ortigoza. Y aportó datos de cuentas bancarias, donde supuestamente hacía el pago de la droga que compraba. Son muy importantes las pericias, porque nos va a dar nombres. Y a nosotros nos puede permitir saber qué otro delito pudo haber cometido. Nos va a abrir un abanico de elementos de la causa», aclaró Cardoso. Y se comprometió a aportar al expediente los resultados de las entrevistas al personal municipal.
Destituyentes
La oficialista Vanina Moro (MDF) interrumpió a su turno el cuestionario para recordar el respaldo que sectores sindicales y políticos (de ATE a Madres) le brindaron al intendente Ghi, en contra de una movida a su entender «destituyente» de LLA y Nuevo Encuentro. Se tomaron de la advertencia que había hecho la concejal Analía Zappulla (LLA) y de un supuesto audio que habría circulado por las redes sociales en el que se lo escuchaba al ex concejal Gabriel Barquero recordar la «experiencia» que tenía Martín Sabbatella, jefe del N Encuentro en destituir intendentes.
«Cuando propuse este expediente hablé de destitución si no se cumplía con la convocatoria. No voy a suscribir a los fantasmas de sus propias internas. En el Gobierno que yo integré hubo 6 interpelaciones. Acá nadie tiene voluntad destituyente, pero tampoco no vamos a mirar para otro lado ante situaciones de gravedad que merecen ser explicadas. «No somos destituyentes. Sólo queríamos la verdad. Y en buena medida nos la llevamos», destacó Spina.
