Ahora denunciaron al intendente de Merlo por supuesto enriquecimiento ilícito
Mientras crece el escándalo «Marbella» del ahora exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, otro intendente del Conurbano, clave en el armado K bonaerense, comenzará a ser investigado por su lujosa vida. Se trata de Gustavo Menéndez, de licencia en Merlo y actual presidente del Grupo Provincia, el holding de empresas del Bapro, cargo al que accedió en diciembre del 2021 pese a contar con una primer condena.
La denuncia penal es por enriquecimiento ilícito, malversación de caudales y administración fraudulenta y la presentó Santiago Dupuy de Lome, aunque un diputado provincial también hizo una presentación ante un organismo de transparencia.
“Tras enterarme una gran cantidad de viajes al exterior que hiciera el presidente del Grupo Provincia, Gustavo Menéndez, es que decidí formular esta denuncia contra él”, explica Dupuy en la presentación judicial.
El abogado sostiene que “el señor Menéndez es otro asiduo viajero al exterior al cuál el dinero en blanco que percibe no le daría para hacer una gran cantidad de viajes ni una vida lujosa” y lo emparenta con “la matriz de corrupción, que también hemos visto en el caso de Martín Insaurralde tan renombrado por estas horas”.
Respecto de la denuncia en un juzgado federal, el letrado explicó: “corresponde que la causa la lleve ésta jurisdicción a fin de desentrañar la corrupción de los funcionarios públicos que se enriquecen y disfrutan de una vida lujosa con el dinero de la gente”.
Entre las pruebas exigidas por Dupuy de Lome, se encuentran: solicitar a la Dirección Nacional de Migraciones la cantidad de salidas del país de Menéndez, al Banco Central informes de tarjetas de crédito del denunciado y a la AFIP las declaraciones juradas y de bienes.
Además, el abogado pidió a las compañías aéreas informes de pasajes a nombre de Gustavo Menéndez, a las compañías de vuelos privados si viajó el denunciado y si viajó acompañado. Por último, de corroborarse los viajes, exige saber de qué forma fueron pagados.
La causa salió sorteada para ser investigada en el Juzgado 9 que subroga la doctora María Eugenia Capuchetti, con el fiscal Guillermo Marijuan.
Por otra parte, el diputado provincial del bloque Libre Guillermo Castello efectuó una presentación ante la Subsecretaría de Transparencia Institucional provincia, que conduce Ana Laura Ramos, en la que solicita que se investigue a Menéndez por la “posible comisión de delitos de acción pública” por parte de Menéndez.
La sospecha se basa en publicaciones periodísticas sobre una “vida fastuosa muy por encima de las posibilidades” de los ingresos del jefe comunal peronista, en uso de licencia desde el año 2021 y quien es candidato a reelegir al frente de la comuna de la primera sección.
En 2021, Menéndez fue condenado con la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos y a dos años de prisión luego de ser acusado de fraude a la administración pública, tras ser acusado de robarse $600 mil del Casino de Mar del Plata, siendo funcionario de Lotería y Casinos, en 2007. Sin embargo, en diciembre de 2022 la Suprema Corte bonaerense anuló la condena y ordenó al tribunal dictar una nueva sentencia.
Ese juicio se llevó a cabo en diciembre de 2018 y tras el veredicto Menéndez -que era presidente del Partido Justicialista en ese momento- había acusado al gobierno de María Eugenia Vidal de interferencia con el poder judicial de Mar del Plata, si bien la causa se había iniciado bajo el gobierno del peronista Felipe Solá. “De acuerdo a información judicial que nos llegara anticipadamente, las operaciones del gobierno provincial sobre la justicia marplatense fueron escandalosas. La sentencia tuvo nulo contenido jurídico y excesivo impulso político, pero de la política miserable de prevalecer callando voces disidentes”, había dicho.
En mayo del año pasado la Cámara Penal de Bahía Blanca había ratificado la condena del Justicia Correccional de Mar del Plata y ante esa confirmación las defensas presentaron el recurso extraordinario de nulidad, el cual finalmente fue aceptado por la Suprema Corte para revocar la sentencia de manera no unánime.
