Morón: El ministro de Seguridad respaldó a la Policía Municipal, aunque aspira a reformar la Ley

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, le dio un fuerte respaldo a la implementación de la «Policía Municipal» creada por decreto a principios de agosto por el intendente, Lucas Ghi; y que podría salir a la calle en diciembre próximo. Lo hizo al presentarse ante el cuerpo de aspirantes en formación, para la firma de un convenio de capacitación que brinda el Ministerio, durante un acto acontecido en el estadio municipal «Diego Maradona» de Castelar.

Aunque la norma todavía no fue publicada en el Boletín Oficial, desde el gobierno municipal aclararon que se trata de el mismo proyecto de ordenanza que fue retirado del orden del día del Concejo Deliberante en la última sesión de julio, o sea días antes de que se firmara el decreto, cuyo Anexo I (donde estaría el detalle de sus alcances) aún se desconoce.

Esta iniciativa «se inscribe entre el marco de los diferentes cuerpos urbanos que existen en los municipios, con matices, desde hace 25 años», explicó Alonso. Pero es una apuesta inédita para éste y otros municipios de la Zona Oeste. En tanto, el gobierno de Kicillof va a la carga por una reforma que permita darle más poder de fuego a los intendentes.

A principios de mayo, el ministro encabezó un encuentro junto con doce municipios, en Escobar, donde anunció la actualización del marco normativo de seguridad bonaerense, el cual contempla la creación formal de las Policías Municipales. Una experiencia que ese distrito implementó en marzo del año pasado y que en San Miguel (desde el 2015) y Vicente López practican desde hace algún tiempo (no sin cuestionamientos del kirchnerismo por sus prácticas). En estos últimos municipios revelaron que la apuesta permitió una significativa reducción del delito común.

La discusión lleva más de dos décadas. En 2004, la gobernación de Felipe Solá (bajo la gestión del ministro de Seguridad Carlos León Arslanián) impulsó una reforma que incluyó la creación de las Policías Comunales (Ley 13.210) para distritos del interior con menos de 70.000 habitantes; y de la Policía Buenos Aires 2 (Ley 13.202) para el GBA. La reforma de 2014 (Ley 13.482) reestableció la «organización, funciones y coordinación de las policías de la Provincia, definiendo áreas de seguridad, investigación, información, comunicaciones y formación policial».

«En la Provincia hace aproximadamente 25 años hay diferentes cuerpos de ordenamiento urbano. El Poder Ejecutivo estará mandando un proyecto de ley para ordenar lo que está sucediendo de hecho en los municipios», apuntó el ministro, quien también se refirió a la Resolución 341/2020, con la cual Ministerio disolvió las Jefaturas Departamentales de la Bonaerense y las reorganizó para que hubiera un jefe de policía por distrito, coordinado con los municipios. La resolución también invita a las comunas a crear «Planes de Seguridad Local», como las guardias urbanas.

No está claro todavía si los agentes locales podrán o no portar armas de fuego. El decreto N°1519/2026 dice que la fuerza «no tiene estado policial», aunque sus firmantes insisten en aclarar que, llegado el caso, el personal no estará indefenso.

«Si hay un retiro activo, si fueron parte de otras fuerzas, tienen estado policial. No obstante, van a portar armas de carácter no letal. Lo que estamos haciendo en estos cuatro meses es un proceso de ordenamiento. En diciembre la comunidad de Morón va a tener más instrumentos para prevenir el delito», afirmó este martes el intendente.

La convocatoria para esta nueva fuerza, publicada en abril por el municipio, solicitaba personal retirado de las fuerzas de seguridad. Y en el Presupuesto aprobado días atrás por el HCD se prevé la compra de uniformes, chalecos anti balas, tonfas, esposas y armas de aire comprimido. Se conoce el costo anual, pero no el sueldo que recibirán esos agentes.

En la oposición el proyecto recibió críticas, pero al menos el Nuevo Encuentro estaba dispuesto a aprobarlo, siempre y cuando se respetara los derechos laborales de los agentes municipales (la ordenanza impedían que se afilien a un partido político o a un gremio). Entre los liberales hay dos miradas: Los que creen que el decreto es inconstitucional y los que desafían al municipio a cumplir con lo que promete. Por ahora, no hay ninguna acción legal.