Múltiples allanamientos: Auditoría y denuncias por extorsión recaen sobre organizaciones piqueteras
La Justicia Federal ordenó 27 allanamientos contra dirigentes de Polo Obrero, Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales para que asistan a marchas y piquetes.
Por la tarde, las organizaciones montaron una conferencia de prensa para denunciar la «persecución» y «criminalización de la protesta» por parte del Gobierno.
Las medidas judiciales se decidieron a partir de las denuncias recibidas en la línea 134, habilitada por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal ordenó, por pedido del fiscal Gerardo Pollicita, esos allanamientos y dispuso que los involucrados presten declaración indagatoria por los hechos que se investigan.
Entre los citados figuran Jeremías Canteros, mesa nacional del Polo Obrero, Gustavo Vázquez, Elizabeth Palma, Giana Puppo, Cinthia Delgado, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cowper, Carlos Fernández Kostiuk, Nilsa Torres, Leslie Castillo, Blanca Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, María Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento y Tania Cassamello, integrantes del PO, Barrios de Pie y el Frente Organizaciones en Lucha (FOL).
Existen 924 casos en los que se investigan irregularidades. En ellos, “habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’».
En los 27 allanamientos efectuados, quedaron 28 personas implicadas que deberán declarar. La mayoría de los lugares allanados son pertenecientes al Polo Obrero. Seis están vinculados con el barrio Rivadavia I, del Bajo Flores; cinco con el barrio La Carbonilla; y hay otros en el barrio 1.11.14 y en Ciudadela.
En cuanto al Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), hubo allanamientos en Belén de Escobar y la Villa 21-24.
Respecto del movimiento Barrios de Pie, se registraron cuatro procedimientos en la Villa 20 y otros lugares.
El Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, acudió en tanto a la Justicia tras detectar irregularidades en el «Plan Nacional Argentina contra el Hambre», presentado durante la gestión Fernández.
Un relevamiento arrojó que el 50% de los comedores registrados «eran inexistentes», mientras que uno de ellos «funcionaba en un barrio privado».
El área que debía controlar el correcto funcionamiento de los comedores a los que se les destinaban fondos nacionales era la Secretaría de Inclusión Social que dependía del por entonces Ministerio de Desarrollo.
La normativa que puso en marcha este plan, en 2020, estipulaba que debía existir un sistema de validación de los comedores para obtener la ayuda económica por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Constaba de tres instancias: la pre inscripción, la validación de todo lo presentado y finalmente, la matriculación.
Cuando Pettovello asumió, ordenó una auditoría que fue realizada por el RENACOM (Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil), que arrojó una primera observación: «la gestión anterior del gobierno nacional no realizó los controles correspondientes sobre los comedores a los que asistía con mercadería».
Esa primera omisión de los deberes de funcionarios público, devino en otra situación que fue denunciada penalmente: Los comedores y los merenderos del RENACOM gestionaban alimentos por miles de millones de pesos, que provienen de diversos programas sociales pero muchos de los comedores «eran inexistentes».
El Ministerio confió que después de las correspondientes investigaciones, «de la totalidad de los comedores sólo se pudieron relevar la mitad (52,3%)».
Los restantes «no pudieron relevarse debido a que: el 32% no funciona más como tal; el 25% de los datos de la preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores/merenderos)».
A esos datos que surgen del informe auditor, hay que sumarle otro que consta en la denuncia penal: casi el 16% de los comedores que se anotaron para recibir fondos nacionales, «en la dirección declarada nunca funcionó un comedor/merendero».
A la hora de especificar algunos de estos casos, Capital Humano detalló: «Conquistando Sonrisas»; «Pequeños Gigantes de Quilmes»; «Cielos Abiertos»; «Luz de Luna de Pereyra»; «Esperanza»; «Los Peques de San Alberto»; «Luz y Esperanza»; «No Funciona Como Tal». Éstos eran sólo «algunos de los ejemplos de supuestos comedores que no existían en los domicilios declarados». «Evidentemente no existió control alguno, atento que se siguen encontrado varias irregularidades de los supuestos comedores y merenderos, por ejemplo: Gauchito Gil, informa que en esa dirección existe un barrio privado», remarcó el informe.
Otro caso es el comedor inscripto como Sol de Barrio, el cual «no fue posible localizar la dirección, y más aún, los vecinos reconocen que allí nunca funcionó uno».
Incluso -ahonda en detalles la denuncia- «algunos supuestos comedores ni siquiera poseen nombre, sólo números de inscripción como sucede con RNCM-0014375, en el cual se indica que no existe ningún comedor o merendero como informan los vecinos, como así también la RNCM- 0047862, la cual no se pudo constatar».
