Aeropuertos: Sturzenegger criticó a los gremios aeronáuticos pero dijo que «no hace falta El Palomar»
El Gobierno oficializó hoy la declaración de “servicio esencial” a la actividad aérea, tal como había sido anunciado el viernes pasado, el mismo día en que los gremios aeronáuticos cumplían un paro por 24 horas.
Ante la oficialización de la medida, los gremios advirtieron que se presentarán ante la Justicia para revertir la situación y anticiparon que el conflicto que mantienen con Aerolíneas Argentinas en particular y el Gobierno en general, “se va a agravar”.
El poder de presión gremial vuelve a poner al Gobierno en una encrucijada: Enfrentarlos de manera directa, con la posibilidad de que s profundice el conflicto, o invertir en una terminal alternativa, donde los servicios aeronáuticos nos dependan de los gremios tradicionales, como hizo el macrismo con El Palomar.
Esa terminal, que funcionó entre 2018 y 2020 en la Base Aérea de El Palomar, fue desmantelada durante el gobierno de Alberto Fernández, por lo que requiere una inversión para volver a montarla, que no quieren hacer ni el Gobierno, ni las empresas privadas, que están cómodas en Aeroparque (cuando no hay paro).
El problema que es que no hay más lugar para nuevas aerolíneas en el aeropuerto metropolitano Jorge Newbery, y que se cae la ilusión de una explotación comercial en la zona por efecto de la industria aeronáutica y turística, como soñaba Martín Sabbatella, y defendió Ramiro Tagliaferro, sólo por contar a dos exponentes de la política de Morón. Los intendentes vecinos también pidieron por la reapertura del AEP, a excepción de Damián Selci, referente de La Cámpora, agrupación que hizo cerrar la terminal de El Palomar.
La reapertura es un pedido constante de comerciantes de Palomar, muchos de ellos nucleados en la Asociación Banquemos al Aeropuerto, del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (PRO-libertario) y de referentes tanto de JxC como de LLA. Pero ante la consulta, las autoridades nacionales le escapan a esa promesa de la campaña presidencial de todo JxC: «No tenemos pedidos de empresas», argumentan.
El Palomar, cuando funcionó, fue epicentro de protestas de parte del aparato kirchnerista, incluido, claro está, el Nuevo Encuentro, a pesar de las posiciones (antes y después) del intendente Lucas Ghi. Y de reclamos de los trabajadores de la low cost Flybondi contra la judicialización (límite horario) y el posterior cierre.
Por un fallo de la Corte, hay pendiente un nuevo informe de impacto ambiental. Hay también espacio de sobra. Tanto como para montar un plan de viviendas Progresar, que por cierto este gobierno deberá de terminar.
JetsMarts duda, Sturzenegger dice que «no hace falta»
Horas antes del paro aeronáutico del viernes, que obligó a todas las aerolíneas a cancelar cientos de vuelos y a traspasar unos cuantos a Ezeiza, el CEO de Flybondi, Mauricio Sana, publicó un comentario en Twitter que volvió a recordar era Macri: «En momentos como este, pienso si retomar la actividad del Aeropuerto El Palomar no sería una gran opción para garantizar la #LaLibertadDeVolar. Cuál es el impedimento».
Pero el gobierno de Javier Milei parece haber tomado el otro camino: «Aerolíneas lanzó una franja en la noche para bloquear los slots en el Aeropuerto (Metropolitano) sólo para bloquear a la competencia. Tenía aviones parados 20 horas. Por eso se hizo El Palomar. El actual secretario de Transporte le sacó los slots (garages) a Aerolíneas, le abrió 7 a JertsMarst y 7 a Flybondi, y no es necesario El Palomar», indicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en el estudio de La Nación+.
Además, justificó la privatización de aerolíneas. «Brasil tenía una empresa estatal, Barig, que cerró Lula. Y Uruguay tenía Pluna, y la cerró Pepe Mujica. No es ideológico. Aerolíneas es utilizada por el segmento de mayor poder adquisitivo, pero gracias a Dios aparecieron las low cost. A las que Aerolíneas tenía bloqueadas».
Oficialmente «Servicio Esencial«
La medida se dispuso con la publicación en el Boletín Oficial a través dos decretos, 825 y 831 y establece que “conforme a las decisiones del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) resulta legítimo requerir un servicio mínimo en aquellos que son de importancia trascendental para el país y/o en huelgas en sectores de alta importancia que por su duración o magnitud pueden producir daños irreversibles, poner en peligro la salud o la seguridad pública, o generar consecuencias graves para el país”.
Los decretos llevan la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano) y Luis Caputo (Economía).
En los considerandos se indica que “la interrupción del servicio público esencial de aeronáutica civil aerocomercial puede generar consecuencias graves” para el país, “amenazar la seguridad o salud de la población, afectar el suministro de insumos esenciales y dificultar la conectividad y el comercio local e internacional”. Advierten que “la afectación del referido servicio repercute en toda la cadena de valor del transporte aéreo y en las múltiples industrias que dependen de manera directa e indirecta de este medio de transporte de personas y mercancías para su normal desarrollo”.
Y sostiene que “con el fin de evitar daños y perjuicios a los usuarios y a los consumidores que sufren las consecuencias de los conflictos colectivos, así como a las actividades económicas que utilizan el servicio aerocomercial para su correcto funcionamiento, resulta necesario instrumentar un régimen de prestaciones mínimas que permitan garantizar un equilibrio en el goce de las libertades involucradas”.
La norma obliga a las partes a que, dentro de las 24 horas de notificada la comunicación “deberán ponerse de acuerdo sobre los servicios mínimos que se mantendrán durante el conflicto y las modalidades de su ejecución, señalando concreta y detalladamente la forma en que se ejecutarán las prestaciones, incluyendo la designación del personal involucrado”.
La medida es rechazada por los gremios aeronáuticos, en particular por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), cuyo titular, Pablo Biró, sostuvo que irán a la Justicia contra la declaración como servicio esencial al sector aerocomercial.
