Dictan un amparo para que Morón siga cobrando la tasa de alumbrado público en las facturas de Edenor
El gobierno de Morón consiguió una medida cautelar de la Justicia Federal que suspende las resoluciones dictadas tanto por el ENRE como por la Secretaría de Comercio de la Nación, y que le permite seguir cobrando una tasa de alumbrado público en las facturas de los usuarios de EDENOR que residen en el distrito.
«Se evitará así un grave desfinanciamiento municipal que podía afectar seriamente a los vecinos y vecinas», argumentó en un comunicado el gobierno de Lucas Ghi, tras el fallo de la jueza federal de San Martín Martina Forns, que resolvió hacer lugar al recurso interimpuesto por la comuna contra la nueva norma.
A principios de mes, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad dejó sin efecto la autorización para aplicar costos adicionales en las facturas de servicio de Edenor y Edesur. Fue después de que empresas, la Provincia y los municipios resistieran una Resolución dictada en el mismo sentido desde el Ministerio de Economía.
Sin embargo, la jueza decidió esta semana «hacer lugar a la medida cautelar interina peticionada por la Municipalidad de Morón, ordenándose la suspensión de los efectos de la Resolución 267/2024 dictada por la Secretaría de Comercio e Industria de la Nación como así también de la Resolución 708/2024 dictada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), sin costas por no haber mediado sustanciación».
«La medida interina tendrá vigencia hasta tanto se resuelva la medida cautelar solicitada en autos. A tal fin, requiérase al Ministerio de Economía – Secretaría de Industria y Comercio- y al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que produzcan el informe previsto por el artículo 4 de la ley 26.854, en el plazo de tres (3) días de notificados de la presente resolución», agregó en un fallo difundido por la comuna.
Municipio y jueza argumentan que los Municipios tienen potestad para fijar tasas. Y que hay convenios firmados para, a través de la boleta de Edenor, sostener el servicio de «alumbrado público», algo que para el gobierno no es otra cosa que una doble imposición: Ya se cobra en la Tasa de Servicios Generales (TSG), aunque con menor cobrabilidad (a diferencia de servicios públicos esenciales y tercerizados, si no se paga se corta).
«Ante esto vamos a impulsar un proyecto en el Concejo Deliberante para exigirle al intendente que rescinda el convenio (con Edenor) y renuncie a cobrar las tasas en los servicios públicos», adelantó el concejal del ARI Francisco Mones Ruiz, tras la comunicación oficial que hizo el gobierno municipal en redes.
«Los sucesivos impuestazos de los últimos años desplomaron la cobrabilidad de las tasas, de un 75% a menos del 60%. Tienen que recurrir a esto porque, si no es forzoso, se les dificulta seguir cobrando en un municipio que está ausente en preocupaciones tan importantes como la seguridad, alumbrado, limpieza y bacheo».
Hace una semana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, invitaba «a todos los intendentes a que busquen una manera de golpearle la puerta al vecino y cobrarle la tasa, y no a través de las facturas de servicios públicos».
Al mismo tiempo que anunciaba un correo electrónico para denunciar a las empresas que mantenían cargos adicionales en sus facturas de servicio. Hay casos emblemáticos. Como el de la Cooperativa Eléctrica Chacabuco, que incluye una “tasa municipal de alumbrado público por $12.720,93 (el 10% del total)».
A su vez, el Banco Nación lanzó una opción que permitía a sus clientes poder pagar servicios sin cargos extra.
El fallo de Forns ahora deja todo en suspenso. Y no sorprende. Es la misma jueza que había otorgado un amparo contra el Aeropuerto de El Palomar y que, cuando lo levantó, fue calificada de «traidora» en algunas banderas que en 2019 marchaban contra la terminal montada por la gestión Macri en esa «Base Aérea».
Este mismo año, la magistrada que había fallado en contra de uno de los DNU del Presidente Javier Milei y ordenando retrotraer los aumentos de las empresas «prepagas» de salud. De hecho, ya había culpado a la obra social judicial por la muerte de su marido, en la pandemia. Ese fue uno de los puntos con los que desacreditó a por lo menos dos miembros de la Corte Suprema, como testigo de una comisión de juicio político forzada por el kirchnerismo y que nunca tuvo otra razón de ser que favorecer a su líder, Cristina Kirchner.
Juicio a la Corte: la palabra de Martina Forns, jueza federal de San Martín
