Ituzaingó: Aumento del 10% en la TSG, pese al ajuste por IPC y la «doble imposición» del alumbrado público
El gobierno municipal de Ituzaingó prepara un aumento del 10% en la Tasa de Servicio Generales, a pesar de que desde las elecciones del año pasado hubo ajuste real del 260%, entre la «cláusula gatillo», el ajuste de enero por la pasada reforma fiscal y la actualización «por IPC» que se viene realizando desde principios de año.
El oficialismo ya dio el primer paso en el Concejo Deliberante, donde en la última sesión se aprobó, por mayoría, la ordenanza preparatoria que será refrendada en la Sesión de Mayores Contribuyentes. La reforma establece un ajuste del 10% en enero, defendido por el contador Marcelo Nadal (informante del bloque peronista), en base al «retraso» entre la inflación y el índice de Precios al Consumir que publica el INDEC.
«Los meses de enero y febrero no tuvieron ajuste (por IPC). Hay que esperar a marzo para tener el índice de enero. Por eso se aplica este 10%. No siempre se actualizaron. Fue menos que la inflación. La cláusula gatillo en 2024 no se utilizó, a pesar de que el Ejecutivo podía por el aumento del contrato de la recolección», explicó el concejal, con un argumento que no se aplicó para salarios: Ninguna paritaria se hizo pública, pero los gremios acordaron un 20% en abril, otro 25% en julio y otro tanto para septiembre pasado.
Por eso, al menos dos gremios (en enrolado en la FESIMUBO y el de la FSTMPBA) pidieron la reapertura de paritarias, al margen de la dependencia política (y de la propaganda) insoslayable que tienen con el PJ local.
El ajuste impositivo propuesto por el oficialismo parece poco, tomando en cuenta el promedio de los distritos del GBA, que van por aumentos del 100 al 300%, sobre una inflación anual que cerraría en el 117%. Es que Ituzaingó tuvo algo mejor que la «cláusula gatillo»: El intendente directamente indexó las tasas por inflación. Y eso no se modifica, pese a que el Presupuesto Nacional prevé un IPC del 18% para 2025.
La actualización interanual fue nada menos que del 260%*: Esto por la «cláusula gatillo» de octubre del 2023, que fue del 30%, más el 50% sobre ese resultante en enero, más las actualizaciones mensuales por IPC. El incremento real es mayor a la inflación interanual (209% en septiembre y a la baja): Si por la TSG de octubre 2023 se pagó $5000, en la de noviembre ’24 el mismo contribuyente tuvo que abonar $18mil (*).
Ésto, sin contar la «tasa de alumbrado público», que el municipio sigue cobrando en las boletas de Edenor, merced al fallo preventivo dictado por jueza federal de San Martín Martina Forns, que aceptó un amparo presentado por el Municipio de Morón, para frenar las resoluciones emitidas por Economía y el ENRE.
«¿Por qué es necesaria la tasa de alumbrado público? Primero, porque están pagando por el servicio eléctrico. Lo que el municipio cobra en esa tasa es el costo del alumbrado en la vía pública. ¿Doble imposición? sí, por una norma de éste Concejo Deliberante», se sinceró Nadal, en plena batalla con el Gobierno, al que acusó de «robarle plata» a la provincia y los municipios, a pesar del ajuste que nadie ignora.
Lo que sí dejó en claro es por qué los intendentes se resisten, con ayuda de la agrupación «Justicia Legítima», a que se caigan los convenios con la empresa eléctrica. «La cobrabilidad de Edenor está en el 98%. En la TSG es un del 54%. Si no existiera el cargo de la boleta de Edenor, ese 54% tendría que pagar la tasa por los que no. Es un principio contributivo. Si no estuviera, se tendría que sumar a la TSG», indicó Nadal.
Lo que no explicó es por qué, si «el alumbrado público lo pagan directamente los vecinos», el intendente, Pablo Descalzo, se presentó en queja éste año por los aumentos de las boletas de Edenor, que calificó de «impagables».
Antes de pasar a votar, el interbloque Pro-Libertario «Pacto de Mayo» anunció que rechazaría el proyecto oficialista. «El proyecto no modifica la cláusula gatillo, que por cualquier circunstancia puede aumentar el monto», argumentó Juan Larralde (LLA). «Vivimos momentos en donde lo que prima es la racionalización y optimización del gasto público, y no su expansión. Pero sobre todas las cosas, en el diseño de políticas publicas y fiscales que le quiten peso a las Pymes y comercios de Ituzaingó», posteó Gabriel Pozzuto (JxC-Pro).
Combustibles
Además de la batalla legal por la tasa de alumbrado público, el Ministerio de Economía prepara una presentación judicial contra los municipios que gravan la venta de combustibles. Como en el primer caso, se utilizarán la figura de “doble imposición”. Y se reforzarán las denuncias de las cámaras empresarias del sector. Ituzaingó es uno de esos municipios, aunque no el que tiene mayor peso sobre el valor final en el GBA.
