A cuatro meses del crimen, la familia de Ezequiel Altamira cree que «nadie quiere investigar»
Cuando se cumplen cuatro meses del ataque que terminó con la muerte de Ezequiel Altamira, familiares del joven asesinado a la salida de un boliche de Villa Udaondo exigieron Justicia en la puerta del edificio donde funcionan las dos fiscalías descentralizadas de Ituzaingó. Sospechan que nadie está investigando el rol de los empresarios, de la Policía y de los funcionarios del Municipio que no cumplieron con tareas de prevención o de asistencia aquella noche.
«Nos atendieron, pero dos dijeron que la causa está en (la justicia ordinaria de) Morón. Es como que no es competente la Fiscalía. Dicen que la Justicia de Menores se puede hacer cargo de esas investigaciones. No sabemos qué paso, porque no nos informaron de que la causa volvió a Morón. Nadie se anima a investigar», contó a éste medio Paola Eiroa, tras una breve reunión en la unidad fiscal, donde fueron recibidos no sin antes tener que cortar la calle.
Es que, además de la causa penal que apuntó a un menor de 14 años (e inimputable) como autor del golpe con una manopla de hierro que le causó el derrame cerebral y la posterior muerte al joven moronense de 16 años, el abogado querellante Javier Baños radicó otra denuncia para que investigue el rol del boliche «Cool Site» y del Municipio.
Paola y Mario Eiroa, madre y tío de Ezequiel, hoy en la Fiscalía de Brandsen al 3300, Ituzaingó
Si bien el ataque de la patota ocurrió a una cuadra de la discoteca (en Los Potros, entre Patricias Mendocinas y El Zonda, Villa Udaondo) nadie controlaba la salida de los chicos de matineé. No había ambulancia, ni patrulleros, ni moviles de Seguridad Ciudadana. Además, la querella contó que los chicos no podían esperar un remís en la puerta del boliche porque no se les permitía. La disco no volvió a abrir desde entonces, allanamiento y «clausura» de por medio.
Con el patrocinio del estudio Burlando y con el asesoramiento penal del exfiscal de Morón, los familiares de Ezequiel esperaba que tras la feria judicial hubiera algún avance. Pero se retiraron de la Fiscalía con sólo reproches a los funcionarios.
También están al tanto de que, en otra causa paralela, el abogado Rodrigo Tripolone, que defiende a los policías que fueron dados de baja la semana pasada por pedir paritarias y es querellante en el caso de Agustina Casco (logró que la PFA allanara la Escuela de la Policía Bonaerense para saber de qué murió la cadeta) se presentó en la misma Fiscalía para denunciar un supuesto fraude contra el Estado mediante la contratación de horas adicionales de efectos para brindar seguridad en las postas de Martín Fierro, la delegación municipal de V. Udaondo y un salón de eventos.
Cargos que, según la denuncia, en rigor se cubría con personal de calle, pero se pagaban a pedido del secretario de Seguridad del Municipio. En la presentación también está denunciado el jefe de distrito y el personal la Cría de Las Cabañas.
El caso
El 26 de octubre del año pasado, Ezequiel esperaba junto a unos amigos un auto que pidió en una aplicación de viajes para volver a su casa luego de concurrir a la matinée del boliche Club Leloir en Ituzaingó.
En ese momento, los adolescentes fueron abordados por una patota que, sin mediar palabras, los atacó y le robó las pertenecías a Altamira, después de efectuarle varios golpes.
Aunque la víctima logró recuperar la consciencia, los enfermeros del local bailable le recomendaron que vaya a una guardia médica pero, como estaba «estable», se fue a dormir con sus amigos.
El escenario cambió rotundamente cuando horas después Ezequiel comenzó a sentir molestias y al intentar despertarlo constataron que ya no tenía signos vitales.
De acuerdo con la hipótesis del fiscal Guillermo Rodríguez Rey, de Responsabilidad Penal Juvenil número uno de Morón, un menor de 14 años habría sido el que golpeó a Ezequiel en la sien izquierda con una manopla, que le provocó una grave fractura y finalmente la muerte.
La carátula del caso es «homicidio en ocasión de robo», un delito que prevé una pena de 10 a 25 años de prisión, según el artículo 165 del Código Penal, aunque el presunto autor de la golpiza no iría a la cárcel dado que es inimputable por ser menor de edad.
