Informe anual ante el HCD: El Defensor del Pueblo de Morón se quejó por la «falta de respuestas»

El Defensor del Pueblo de Morón, Dr. Enrique Pochat; y su Adjunta, Lic Valeria Roldán, presentaron este jueves el informe de gestión anual en el Concejo Deliberante de Morón, que en este caso abarcó 998 expedientes entre 2023 y 2024. La mayoría referentes a reclamos hacia el Municipio, IOMA y prepagas, como así también asesoramiento jurídico.

El titular de la Defensoría se disculpó por no haber presentado el informe el año pasado, como se venía haciendo desde 2010. «Sólo 14 municipios de la Provincia tienen esta institución», recordó. Lamentablemente, tienen muy poco peso. «La ordenanza exige una respuesta de la autoridad. Son numerosas las falencias de dependencias municipales. Las personas que requieren al Defensor, conocen de la exigencia de respuestas y el establecimiento de plazos. Es mayor la frustración ante la falta de respuestas o su retraso injustificado», apuntó, a reglamento con su labor. De todas formas, celebró algunos progresos sobre la atención que prestan organismos estatales de Nación y Provincia.

Respecto a las demandas municipales, la reseña marca que la mayoría son por «luminarias, extracción de árboles y bacheos». Otro campo destacado fue la «inspección de comercios», por falta de habilitación, rubros no habilitados, ruidos molestos y contaminación.

En el terreno de la salud púbica, la mayoría de las demandas estuvieron «relacionadas con el acceso a medicamentos oncológicos, en los casos asumidos, según el acuerdo con el Estado nacional y el Municipio. «Las solicitudes presentadas desde fines del 2023 continúan sin respuesta. Esto derivó en la interrupción de tratamientos oncológicos y crónicos. El instituto de Cáncer de la Provincia asumió el rol activo de ante la falta de respuesta del estado nacional, de hacerse cargo de la gestión y entrega de medicamentos, ampliando su vademécum», informó la Defensoría.

También se chocó con los cambios afiliación a los programas de la Agencia Nacional de Discapacidad, que «dejaron de se automáticos», indicó Pochat. «Han llegado reclamos sobre la demora de altas de afiliación, que en consecuencia interrumpe los tratamientos que vienen llevando los pacientes. En el transcurso del año, se registraron reclamos vinculados a la interrupción en la provisión de tratamientos por parte de programas nacionales».

Por supuesto, hubo consultas y reclamos de jubilados por prótesis y elementos de apoyo como sillas de ruedas, internación en hogares, demoras en la autorización de medicamentos, insumos quirúrgicos, lentes, calzado ortopédico y cambio de medico de cabecera. De igual forma surgieron quejas sobre la Obra Social bonaerense (IOMA), por la desactualización en cartilla de prestadores, dificultades en las autorización de estudios, provisión (particularmente en el programa MEPPES) de medicamentos especiales, patologías especiales y de suministro excepcional.

» Muchas familias no lograban encontrar profesionales dispuestos a trabajar bajo el convenio de IOMA por demoras en los pagos, impactando directamente en los tratamientos», se comunicó. Respecto a las prepagas, la principal queja fue por el incremento de las cuotas. Este tuvo origen en el DNU 70/2023 mediante el cual se eliminó el inciso G del artículo 5°, que establecía el requisito de autorización previa, por parte del Ministerio de Salud.

«Como consecuencia directa de esta medida, durante los primeros meses del 2024, se registraron aumentos sustanciales en las cuotas mensuales. Por ejemplo, en enero, los incrementos oscilaron entre el 39,8% y el 44% mientras que en febrero alcanzaron porcentajes de entre el 27,5% y el 29,4%, esta situación genero gran preocupación y dificultades para los afiliados adultos mayores, pacientes con tratamientos prolongados y titulares del CUD».

«Desde la Defensoría se brindó asesoramiento a las personas afectadas respecto al DNU y los mecanismos disponibles para canalizar sus reclamos. La súper intendencia de Servicios de Salud también comenzó a recibir denuncias específicas sobre incrementos injustificados de cuotas aplicadas a personas mayores en función por su edad, tratamientos esenciales, y retrasando procesos terapéuticos fundamentales para el desarrollo integral de niños y adolescentes».