Por falta de espacio, una jueza de Lomas de Zamora suspendió el nuevo Régimen Penal Juvenil
La jueza Marta Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal N°2 de Lomas de Zamora, suspendió por 60 días la aplicación en Provincia de Buenos Aires del nuevo Régimen Penal Juvenil, que bajó de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
La resolución fue dictada a partir de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, que preside el padre José María Di Paola (Padre Pepe). Y se conoció apenas dos días después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que incorpora al sistema penal a los adolescentes de 14 y 15 años, y modifica las condiciones para la aplicación de las penas: al bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
“Soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, sostuvo Pascual en declaraciones radiales, quien remarcó que no desconoce la problemática de los delitos cometidos por menores.
En ese sentido, explicó que su preocupación está vinculada con las condiciones de alojamiento y las herramientas disponibles para quienes ingresen al sistema. “Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, señaló.
La jueza también rechazó las críticas que recibió por su resolución y aseguró que no se opone a que la edad de imputabilidad se reduzca a los 14 años. “Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el Conurbano y quiero vivir tranquilamente”, respondió ante los cuestionamientos.
En consecuencia, la ONG «Usina de Justicia», que preside el abogado Fernando Soto (Asesor Parlamentario del Senado) se presentó como «Amicus Curiae» ante el Juzgado de Pascual para participar de la audiencia del 16 de septiembre. A su vez, informaron en redes sociales que van a denunciar a la jueza interviniente por «abuso de autoridad».
Las incongruencias del discurso en PBA
El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, cuestionó este lunes al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al acusarlo de hacer «silencio» ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil, mientars que el ministro de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso, salió a cruzarlo al señalar: «Concéntrese en hacer el trabajo que tiene que hacer y en devolverles a los bonaerenses los recursos que les han quitado».
Alonso fue más allá y se refirió a la suspensión judicial de la nueva ley que baja a 14 años la edad de imputabilidad de menores delincuentes.
«Bajar la edad de imputabilidad no alcanza. ¿No hacen falta nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de reclusión, infraestructura y personal para aplicar una reforma de esta magnitud? ¿Dónde están los fondos que Milei les niega a los bonaerenses para hacerlo posible?», indicó el funcionario bonaerense, ajena a las responsabilidades que le caben a la Provincia en materia de infraestructura penal.
«Sin estructura, recursos e inversión, su reforma es apenas una modificación en los papeles. Un eslogan de campaña», agregó Alonso, quien al mismo tiempo impulsa una reforma para que municipios del GBA puedan tener policías armadas. Aún sin autorización legal, estimuló que distritos como Morón armen una fuerza civil con armas «no letales» pero con ex uniformados contratados para mantener su «estado policial» aún en funciones propias del Estado.
Santilli había escrito: «Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. En la provincia, si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune. Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima».
