El gobierno de Descalzo inventó un sistema, vía decreto, para burlar la cautelar en Parque Leloir
Luego de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Martín dictara en enero último una medida «precautelar» en función de los pedidos de Parque Leloir Asociación Civil (PLAC), el gobierno de Alberto Descalzo reinventó un proceso administrativo para legitimar obras que habían sido aprobadas como «vías de excepción» al Código de Ordenamiento Urbano, y que debieran estar paralizadas hasta que se defina la cuestión de fondo.
Se trata de unos 15 expedientes de obras particulares aprobadas por el Ejecutivo y que contaron con la venia del HCD (por mayoría). Pero que, a criterio de PLAC, se convirtieron en un método que lejos de cumplir con los indicadores urbanos de Leloir, como zona «ecológicamente protegida», vulnera el criterio ambiental del barrio.
Ni la reforma, en 2008, al Código heredado del viejo Morón (que habilitó la edificación en altura en el área central) ni la de diciembre de 2017 terminaron con las excepciones, que siguieron siendo moneda corriente sin que hubiera una sola audiencia pública. Por eso la Justicia, en segunda instancia, validó el reclamo vecinal, representado por el abogado experto en urbanismo Marcelo Bolaños, quien ésta semana tuvo que responder las carta documento que el Departamento Ejecutivo le envió a la Asociación, como parte de un sistema que se parece mucho a un registro de oposición.
Con la firma del intendente, Pablo Descalzo, el 22 de junio el Ejecutivo emitió el Decreto N°752/26, por el cual se estableció una nueva «reglamentación de la gestión, tramitación, alcances y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental que se presenten a consideración por obras a llevar a cabo en el ámbito del Distrito». Según el artículo 10, «la participación ciudadana en los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental regulados por
el presente Decreto» es «obligatoria». En los papeles, «el proceso de consulta pública no podrá ser inferior a diez días hábiles administrativos previos a la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental», que emite el propio Municipio.
En la realidad, el Ejecutivo intimó (vía carta documento) a Plac a presentarse a estas audiencias, de manera de convalidar cada expediente presentado bajo el eufemismo de «Participación Ciudadana» cuando, según Bolaños, se trata de «los mismo proyectos que fueron aprobados como vías de excepción y que la Justicia frenó con la medida cautelar».
«Por un lado, quieren corregir la participación ciudadana. Y reconocen la historia de PLAC. Pero nos mandaron cartas documento invitando a ver un supuesto estudio de impacto ambiental, para decir que las excepciones están bien, cuando la Cámara de San Martín suspendió los proyectos aprobados en diciembre de 2025 hasta tanto se dicte sentencia. La demanda la presentamos en septiembre del año pasado y el Municipio nunca la contestó», apuntó el abogado.
La jugada fue expuesta por el propio PLAC en sus redes sociales y contestada bajo los mismos términos administrativos. «Lo primero que hicieron después de la cautelar fue modificar el Código, para que lo homologue la Provincia. Y ahora están buscando en diez días declarar ambientalmente válida las excepciones», indicó hoy el letrado.
En diálogo con Mpquatro radio online, Bolaños adujo que los estudios ambientales ordenados por el Municipio para avanzar con el desarrollo inmobiliario en Leloir «tienen muchos defectos». «Hay un decreto que regula un procedimiento que debió hacerlo desde 1995 y que lo hace ad referéndum del HCD porque no tiene la facultad de hacerlo. Tampoco tiene los métodos de evaluación sobre la tutela que tiene esta zona ecológicamente protegida», dijo.
El abogado aclaró que seguirá dando batalla: «Nos vamos a presentar en la Justicia. No es lo mismo una cuestión ambiental, que una cuestión urbanística. Además, acá la excepción se termina transformando en regla. Y a PLAC no lo dejan opinar. Supongamos que es legítimo que (los funcionarios) se crean dueños de la tierra. Pero quién le paga al vecino que se mudó a una zona residencial para estar tranquilo y le construyen un edificio al lado? Nadie se hace cargo».
La judicialización (bastante tardía) de estas vías, por supuesto, cambiaron la relación que el gobierno de Descalzo tenía con la Asociación, a la que le vendió en 2023 un plan de seguridad que empezó a cerrar calles de tierra con salidas a la Colectora del Acceso Oeste. Las formas también eran muy discutibles, ya que se hizo a través de una delegación de poderes del HCD. Pero nadie se lo discutió judicialmente. Hoy las relaciones está más tirantes que nunca.
Durante años (y por distintos motivos) PLAC cedió posiciones. «No nos oponemos a los proyectos sobre Martín Fierro. PLAC ya cedió ante eso. Lo que buscamos preservar es el pulmón verde: que no se rompa con viviendas multifamiliares. Todos quieren estar en Leloir porque es lindo, pero lo que hacen cuando compran es cortar los árboles. Después de sacar una excepción tras otra, PLAC pidió que se respete el COU, que para algo está», señaló Bolaños.
