Ituzaingó: El oficialismo confirmó el aumento de tasas y volvió a defender la doble imposición
Foto: Facebook Pablo Piana
El Concejo Deliberante de Ituzaingó sancionó ayer, en la Asamblea de Mayores Contribuyentes, la última reforma impositiva: mantiene los súperpoderes para ajustar tasas conforme las necesidades del gobierno local, pero además discrimina por barrios los valores mínimos. El aumento general de enero será del 10% en la TSG, pero en los últimos 13 meses, por efecto de la cláusula gatillo e IPC, la suba real es del 260% en ese tributo.
«En enero y febrero (de este año) no se ajustó. El aumento fue en marzo y no en todos los meses se aumentó conforme al IPC. Estamos compensando. Éste esfuerzo lo vienen haciendo los vecinos. Pero no podemos dejar de señalar que el Gobierno ha recortado enormes montos a todas las provincias y a los municipios», justificó el concejal y contador Marcelo Nadal, en el recinto de sesiones de Marano Acosta al 100.
La votación terminó a favor por 24 votos (entre concejales y contribuyentes) y 14 en contra (ausentes los concejales Gastón Di Castelnuovo y Agustina de la Iglesia, ambos del PRO). La oposición no sólo consideró exagerado los aumentos, sino que también cuestionó la falta de controles sobre el gasto del Municipio.
«Hay un margen amplio para aumentar las tasas, sin criterios específicos. Es una discrecionalidad que erosiona la confianza. Más preocupante es el impedimento para acceder a la clave RAFAM. Es un derecho y una herramienta indispensable para controlar los recursos públicos. Esta ordenanza establece tasas diferenciadas por zona, lo que implica otros aumentos. Hay un impacto desmedido en los sectores más vulnerables», sostuvo el concejal Gabriel Pozzuto (PRO), del interbloque «Pacto de Mayo» que, como siempre, transmitió la sesión por sus redes sociales (algo a lo que el PJ se sigue resistiendo, no por falta de redes).
La crítica no es por el 10% de ajuste en enero próximo, sino por los aumentos previos, y los que de manera encubierta vendrán con la actualización de los valores mínimos, que se pagará por barrio o tipo de construcción. A saber: Ningún departamento pagará menos de 9.640 pesos. Ni menos de $15 mil una casa. Los baldíos tienen mayores montos (de $34.500 a $74 mil), no por metros cuadrados, sino por barrios.
Será cuestión de (otro breve) análisis en abril, pero la comuna logró disimular con el nuevo sistema de presión tributaria el enorme ajuste previsto para éste año calendario. El Presupuesto aprobado para todo 2024 fue de $21.234 millones. El doble que en 2023. El problema es que la inflación interanual hoy es del 193% interanual. Y acumula 107% de enero a octubre. El Presupuesto 2024 sólo habría alcanzado hasta agosto.
Mientras el Municipio ajusta a los vecinos, culpa al Estado Nacional por haber pinchado la burbuja fiscal que caracterizó a las últimas administraciones K, que a fuerza de emisión y cepo mantuvo la ilusión de crecimiento. A diferencia de la burbuja financiera que se rompió en EEUU en 2007 y que era producto del crédito hipotecario y una cartera financiera que jugaba a la ruleta sin controles. Bancos a los que salvó el Estado.
«Hacia 2025 vemos una fuerte campaña que apunta a la forma de recaudar de los municipios», se quejó Nadal, quien no tuvo reparos la semana pasada en defender la «doble imposición» sobre el alumbrado público y los combustibles. «El alumbrado público tiene una cobrabilidad del 100% porque todos pagan la boleta de Edenor. Si no se cobra así, van a tener que pagar más en la tasa municipal, que paga el 60%», dijo.
Y con la misma lógica explicó: «Es mucho más justo que el que tiene auto y utiliza y desgasta las calles pague una tasa a los combustibles, a que la paguen todos los vecinos por igual. Algunos tienen dos o tres autos».
Lo curioso de esta lógica es que lo mismo se podría decir de la salud o la educación. Además, es el Estado el que siempre inventa la manera de aumentar los tributos, sin una devolución simétrica. ¿Acaso no se hacían rutas y puentes antes del impuesto al cheque? ¿O no se asfaltaban calles sin la tasa a la nafta? Más curioso: pese a que Aysa cobra por el agua y las cloacas, en Ituzaingó no se terminan de instalar. Y van 30 años. Esa lógica es la que entra en evidencia al ver el estado de las calles, los hospitales, las escuelas o la seguridad. Si Javier Milei tiene razón, lo único que se ha financiado es la política. O los políticos de carrera al menos.
NDR: Las sesiones siguen sin transmitirse públicamente, aunque hace años que esa tecnología está al alcance de la manos y el propio presidente del HCD utiliza recursos del Estado y las redes para hacer marketing.
