Red de fotomultas: Municipios, universidades y empresas en la mira por coimas y lavado de dinero
Fue el fiscal federal Guillermo Marijuan denunció la existencia de una presunta estructura destinada a desviar fondos públicos y pagar sobornos a cambio de habilitaciones para instalar radares, la cual estaría integrada por empresarios, funcionarios y hasta allegados al ámbito académico. Es una ampliación de la oscura red de las foto-multas.
Entre los principales acusados aparece Leandro Camani, dueño de las firmas Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A., proveedoras de la tecnología de fotomultas en la provincia de Buenos Aires. También fue denunciado Diego Kampel, secretario de Extensión y Vinculación de la Universidad Nacional de San Martín, señalado como el nexo institucional para facilitar las contrataciones.
Asimismo, el fiscal menciona la presunta connivencia de funcionarios de la Secretaría de Transporte de la Nación, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y del propio titular del Ministerio de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, quien sucedió a D’Onofrio en el cargo y también quedó alcanzado por la denuncia en el marco de la investigación por las autorizaciones para instalar radares, asociación ilícita y lavado de activos.
Camani ya había quedado en el centro de otra causa tras ser denunciado por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, por una presunta maniobra de extorsión vinculada a la instalación de cámaras en el Camino del Buen Ayre. El conflicto escaló semanas después, cuando el propio empresario denunció a Tapia por presunto abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito por su accionar como representante de la provincia de Buenos Aires en el CEAMSE.
En ese contexto, en ámbitos judiciales provinciales y federales se observa que las causas vinculadas a este entramado, y que tienen como protagonista a Leandro Camani, son investigadas por el fiscal Álvaro Garganta. Incluso la denuncia que realizó el empresario contra Tapia por el CEAMSE quedó bajo esa órbita, lo que configura un complejo entramado de análisis judicial con expedientes entrecruzados.
En paralelo, la investigación avanza sobre un presunto mecanismo sistemático para eludir los controles en la contratación de radares. Según la denuncia, el esquema se apoyaba en convenios entre municipios y universidades, lo que permitía evitar licitaciones públicas.
A partir de allí, se habría montado una triangulación de fondos a través de estructuras vinculadas al ámbito académico, que luego contrataban de manera directa a empresas privadas. En ese circuito, hasta el 70% de lo recaudado por multas quedaba en manos de los intermediarios, mientras que los municipios recibían una porción menor.
La presentación judicial también menciona la utilización de facturación apócrifa y empresas fantasma, creadas por el empresario con los mismos socios, apoderados, abogados y domicilios, para generar dinero en efectivo que habría sido destinado al pago de coimas a funcionarios encargados de autorizar los sistemas de control vial.
Según el expediente, al menos una docena de municipios participaron de estos convenios, entre ellos Hurlingham, La Matanza, Mar del Plata, San Isidro, San Martín, Morón y Zárate. Solo en uno de ellos, la recaudación habría superado los 3.700 millones de pesos en menos de un año.
Ahora, la causa quedó en manos de la jueza federal María Servini, quien deberá definir las primeras medidas de prueba, entre ellas allanamientos y el levantamiento del secreto bancario para seguir la ruta del dinero. En paralelo, avanzan otras causas federales contra el empresario y funcionarios públicos provinciales, bajo la pesquisa del fiscal Paul Starc en la órbita de los jueces Culotta y Vence.
(Fuente: Clarin)
