Colegios en peligro y funcionarios «en Narnia», ante el incremento de las matrículas para 2024
Nos enfrentamos entre pares, mientras los que tienen que solucionar esto están en Narnia», resumió esta mañana Ángeles Pardo, referente de Padres Organizados de Hurlingham, ante la crisis que atraviesa una educación privada que, por efecto de la inflación, la morosidad en el pago de las cuotas y una eventual caída de la matriculación, ya causó el cierre a tres escuelas bonaerenses y que miles de padres tuvieran que negociar con los directivos el costo de la matrícula de inscripción y la cuota inicial del período escolar 2024.
«En septiembre y octubre empezamos a recibir los valores de matriculación. En los grupos de padres se activaron los mensajes. En zona norte donde hubo grupos de padres que se organizaron con abogados y contadores, analizaron el sistema de costos, de los sueldos. Vimos de todo», explicó al aire del programa Estación Central (Mpquatro radio online), en sintonía con las advertencias que viene pregonando el sector privado.
«Varios colegios se han logrado unir ante los valores (de matrícula) que se plantean, que si bien desde el colegio pueden explicarlo, las familias no pueden afrontar. Descubrieron que si más del 50% de los padres no podían pagarlo, la escuela tenía que rever la matrícula», contó respecto de la situación en algunas instituciones de Cona Norte. Pero el espiral inflacionario ya hizo mella en colegios de clase media trabajadora.
La noticia del cierre de Instituto Cultural Mancedo – Midlands College, una tradicional escuela bilingüe de Quilmes, conmocionó la semana pasada a las familia de sus alumnos: Recibieron un correo electrónico en el que se ofrecía ayuda para buscar otras instituciones para el año próximo, debido a que no abriría sus puertas.
Lo mismo ocurrió con la Nueva Escuela Spegazzini, en el partido de Ezeiza. El viernes pasado, el colegio convocó a los padres del nivel inicial y del secundario vespertinos a una reunión, en la que se les informó la decisión de avanzar con un cierre parcial del establecimiento: Esto es, no continuar con esos turnos el año próximo, ante la baja en la matrícula y la morosidad en las cuotas, cercana al 45%, para salvar al resto.
Este mal se advierte desde la pandemia. Y como ocurrió en 2001 y 2002, no se puede activar un día para el otro un turno que se cayó. Es una economía que necesita previsibilidad para poder funcionar todo el año.
«Los directivos están pidiendo que planifiquemos de acá a marzo lo que podemos pagar. Y la realidad nos supera a todos. Hoy en Argentina nadie puede darse el lujo de planificar nuestra economía a marzo del año que viene, con valores que hoy no podemos afrontar. Nos llevaron a enfrentar padres contra escuelas, cuando la situación general supera a todos. Hoy tenemos que volvernos contadores, abogados, además de tratar de ayudar a la escuela pública», resumió Ángeles Pardo, en un mar de incertidumbre colectiva.
Protagonista de un tire y afloje permanente, la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de Buenos Aires (AIEPBA) informó el viernes pasado que la Provincia autorizó un nuevo incremento de un 11%, promedio, en el valor de los aranceles que deben cobrar los establecimientos en la cuota de noviembre de 2023.
Fue luego de que AIEPBA solicitara una actualización, teniendo el «desequilibrio» que reina desde principios de año entre el aumento del salario docente y las tarifas de los colegios privados, de un 66% nominal. Conquista que los gremios celebran, a cambio de respaldo político a un gobierno cuasi hiper inflacionario.
El impacto es mayúsculo: Según las estimaciones de la entidad que agrupa a más de 2.300 centros de enseñanza de todos los niveles en PBA, entre diciembre de 2021 y octubre de 2023 la inflación fue del 311%; pero los incremento salariales que se dieron en paritarias acumuló 364% y los aranceles subieron 268%.
El último incremento fue autorizado en septiembre y fue de un 5,4% sobre la cuota de agosto. Se sumó una autorización previa realizada por el gobierno bonaerense del 9% (14% para dos meses con inflación más alta).
«Otra vez esta autorización para una mejora en los aranceles queda debajo del aumento de los costos de los servicios en general y los salariales en particular, que deben afrontar las escuelas”, dijo el secretario ejecutivo de AIEPBA, Martín Zurita.
“Cada vez se amplía más la brecha entre lo que pueden cobrar los colegios y los incrementos en costos de las instituciones que presentan severas dificultades para funcionar. En menos de dos años, la capacidad operativa económica de los centros educativos de gestión privada perdieron 43% en relación con la inflación de ese período», explicó Zurita.
AIEPBA viene manifestando la crítica situación que atraviesa el sistema de enseñanza de gestión privada por estas distorsiones que se han acumulado en los últimos años. Las entidades arrastran una compleja situación desde la pandemia de Covid, donde muchos propietarios y administradores tuvieron que tomar deudas y créditos para seguir funcionando.
La institución que agrupa a la gran mayoría de los colegios privados, reclamó en una carta a la Dirección General de Escuelas que «los topes arancelarios se ajusten adecuadamente para garantizar el servicio educativo en los institutos”.
Además sostuvo en la misiva que «dada la inflación y las variaciones económicas, consideramos crucial la implementación de una cláusula gatillo en los contratos de aranceles. Esto permitiría ajustarlos de manera automática, en respuesta a los incrementos de los salarios docentes. De esta manera se asegura la estabilidad financiera de nuestras instituciones».
Advirtió sobre la situación difícil de por lo menos 30 colegios que están en riesgo de cerrar y suspender la prestación de los servicios educativos por imposibilidad económica de afrontar los costos.
