Megaoperativo contra el juego ilegal y el lavado: 19 detenidos y 60 vehículos secuestrados
En un megaoperativo desplegado por el Escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería, 18 sospechosos fueron detenidos por haber participado en maniobras de lavado de dinero, producto del juego ilegal vía internet. Se secuestraron unos 60 vehículos, 120 millones de pesos, 20 mil dólares y otras sumas de dinero en billetes de otros países como reales, pesos uruguayos y mexicanos.
Las medidas fueron ordenadas en countries, municipalidades y el bingo en Moreno por la Fiscalía Federal de Hurlingham y la PROCELAC; y convalidadas por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón.
La investigación se inicio en mayo del año 2023, a partir de la declaración de un informante cuya identidad se mantiene en reserva que permitió establecer la existencia de una red estructurada que habría operado bajo el nombre comercial “Celuapuestas”, ofreciendo juegos de azar mediante páginas web y redes sociales, al margen de toda regulación oficial, liderada por un hombre identificado como Roberto Javier Zuco.
Se estableció que, además del dominio inicial, la organización operó desde 2020 a través de otras URLs como www.celuapuestas.net, www.celuapuestas-argentina.com, www.celuapuestas-bet-ar.com, www.celuapuestas.io, www.celu-apuestas.net y www.celuapuestas.space. Desde estas páginas, los usuarios realizaban transferencias y pagos mediante billeteras virtuales y cuentas bancarias abiertas a nombre de terceros, lo que facilitaba la opacidad del circuito financiero y el posterior reciclaje del dinero.
La investigación estuvo a cargo de Gendarmería y fue dirigida por el fiscal Santiago Marquevich, junto a su auxiliar Eduardo Ezequiel Suárez y el secretario ad hoc Emanuel Pelegrina. En tanto, también fue clave la participación de los fiscales de la PROCELAC Diego Velasco y Alberto Barbuto.
La principal hipótesis es que la organización criminal se dedicaba a canalizar fondos de origen ilícito obtenidos a través de plataformas de apuestas online no registradas ante los organismos reguladores. La maniobra consistía en una red de “cajeros” que realizaron depósitos fraccionados en entidades bancarias para evitar los controles automáticos del sistema financiero. Estos fondos ingresaron a cuentas bancarias y virtuales registradas a nombre de testaferros (familiares o personas sin capacidad económica real).
El blanqueo incluyó retiros en efectivo, la compra de bienes registrables (vehículos e inmuebles) e inversiones en criptomonedas. Además, fue crucial la participación de la empresa “Axon S.A.S.” que actuó como financiera para lograr el «blanqueo». Esa firma actuó como un nexo sustancial para transferir parte del flujo de dinero ilícito entre las diversas cuentas utilizadas por los sospechosos.
También se imputó a profesionales que facilitaron la creación del entramado societario, entre ellos a un contador y una abogada que facilitó la creación del conglomerado societario en al menos diecinueve casos sospechosos, mientras que el primero actuó ante ARCA como contador en un sinfín de empresas creadas, a pesar de que ambos estaban obligados a comunicar sospechas conforme al Artículo 20 de la Ley 25.246, según indicaron los investigadores.
El grupo se valió de la creación de múltiples sociedades para disimular el real origen y destino de los activos. El capital inicial conjunto de estas sociedades supera los u$d 400.000. Entre otras cuestiones, se advirtieron inconsistencias tributarias y financieras; y la creación de «sociedades de pantalla» con capitales iniciales elevados no justificados por la situación patrimonial de sus accionistas.
También se verificó la alta concentración geográfica -por reiterados domicilios fiscales y de explotación- y la recurrencia de los mismos profesionales y directivos en la constitución de estas empresas, muchas de las cuales “reportan saldos técnicos a favor con crédito fiscal y un marcado desapego por las obligaciones fiscales”, sostuvieron las fuentes. Estas firmas tenían objetos sociales diversos desde seguridad privada hasta la venta de carne, pasando por software, construcción y juegos de azar.
Durante la instrucción, para poder reconstruir el flujo patrimonial de los sospechosos, se requirió el levantamiento del secreto fiscal, bancario, bursátil y de inteligencia financiera, como así también se dispusieron intervenciones telefónicas de abonados registrados por los imputados.
Si bien durante los allanamientos las fuerzas de seguridad lograron dar con 19 miembros de esta organización, aún hay decenas de sospechosos prófugos. Además, se secuestraron más de 40 computadoras, dispositivos de almacenamiento, merchandaising de las empresas y una gran cantidad de celulares que se encuentran bajo análisis para realizar un recupero de activos en el acto. A su vez, se procedió al secuestro de documentación de interés, tres armas de fuego y un total de 12 kg de marihuana que se encontraba fraccionada en bolsas de nylon tipo ziploc en condiciones de ser comercializada.
Los detenidos serán indagados este miércoles por la Secretaría 8, a cargo de Ignacio Calvi, por los delitos de lavado de activos agravado y tenencia de estupefacientes para comercio agravado, ambos por ser llevado delante de modo organizado.
