Moreno presentó su Guardia Urbana y la oposición pide reglas claras sobre el uso de armas
A tono con la reforma que la Provincia impulsa sobre la ley de Policías, el Municipio de Moreno presentó el jueves pasado a los 70 nuevos agentes de la «Guardia Urbana municipal» en un acto encabezado por la intendenta, Mariel Fernández; y su secretario de Seguridad, Ismael Castro, en el Instituto de Formación en Seguridad Pública en Paso del Rey.
Durante el acto, la jefa comunal destacó que «además de prevenir el delito» también deberán combatir «al narcomenudeo».
«A su vez, acompañamos a las personas en consumo y a sus familias, y brindamos oportunidades educativas, culturales, deportivas y de trabajo. Si bien vivimos un momento difícil en la Argentina, nuestra mirada integral de la seguridad resulta en políticas efectivas», concluyó quien aspira a ser candidata a gobernadora (no puede ser reelecta).
La convocatoria pública comenzó en abril, con la colaboración del Instituto Universitario Policial Provincial “Juan Vucetich”. Al mismo tiempo que lo hacía el Municipio de Morón. En ambos casos se hizo por decreto y permanece bajo cuatro llaves. El Decreto Nº2660/25 no aparece en su sitio web y apenas hay una abreviatura en el Boletín Oficial. Algo parecido sucedió en Morón, donde se buscó aprobar una ordenanza, pero finalmente se le escapó al debate.
El Decreto 1519/2026 se publicó en el Boletín Oficial el 3 de agosto, pero sin el Anexo que determina protocolos y alcances. Aunque en el articulado se aclara que la «Policía Municipal» no tiene estado policial, el intendente, Lucas Ghi, insiste en que los ex agentes de las fuerzas de seguridad tienen portación de armas y podrán usarlas. Esto lo explicó, incluso, delante del ministro de Seguridad, Javier Alonso, durante la presentación de los aspirantes, el mes pasado.
Es el propio Alonso el que impulsa una reforma policial, que autorice a los Municipios del GBA a utilizar armas de fuego, lo cual está prohibido desde que en 2004 empezaron a crearse las policías locales, restringidas para distritos de menos de 70 mil habitantes. Aún así han proliferado experiencias similares en Ezeiza, San Miguel y Vicente López. En este último caso provistos con armas de aire comprimido tipo Byrna: «Se trata de armas no letales, que permiten a la patrulla reducir o disuadir una agresión en la vía pública, sin poner en riesgo la vida de los agentes ni de terceros.
El apuro, previo al año electoral, es salir a combatir la única bala que penetra políticamente en el Conurbano: la inseguridad. Y esto, claro genera sordos debates, entre lo que venden promesas y los que pretenden decir las cosas de frente.
«No podemos mirar para otro lado, empezando por el gobernador, que es el máximo responsable de la seguridad. Hasta ahora los municipios colaboramos con combustibles, las cámaras, comprando un arma no letal, pero se hace sin un marco legal que lo ampare. Hay que permitir una articulación real. El intendente de Morón no puede exponer la realidad porque trabaja con el gobernador. Y dice que la Policía Municipal, que no es Policía, tiene uso de arma. Es un manotazo de ahogado, tenemos que reconocer el problema y tener políticas serias», opinó el senador Diego Valenzuela (LLA), quien acompaña uno de los pedidos de juicio político contra la jueza Marta Pascual.
Mientras tanto, este jueves el HCD de Morón realizará la segunda interpelación al intendente, en este caso por los graves hechos de inseguridad en el distrito, como el tiroteo del jueves en El Palomar, pero principalmente por la Policía Municipal. Seguramente concurra, como en el caso de Ortigoza Luna, su secretario de Seguridad, Damián Cardoso.
