«Nos duele la falta de empatía»: Familiares de Once repudiaron el apoyo de UP al condenado De Vido
Jueves: De Vido se entrega en Comodoro Py, antes de la audiencia por la causa "Cuadernos"
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, los ministros Andrés Larroque (Desarrollo) y Walter Correa (Trabajo), y una treintena de intendentes peronistas, firmaron un comunicado en «solidaridad con el compañero Julio De Vido», quien regresó al penal de Ezeiza por haber sido confirmada la condena por defraudación al Estado en el juicio por la Tragedia de Once. Las familias de las víctimas repudiaron la solicitada y acusaron una angustiante «falta de empatía».
Los firmantes (entre ellos Alberto y Pablo Descalzo; Damián Selci y Lucas Ghi) expresaron preocupación por la salud del exfuncionario, advirtiendo que «la privación de su libertad pueda vulnerar las garantías vinculadas a su derecho a la salud».
En ese marco, el petitorio exige «que de manera inmediata reciba la atención médica necesaria para el tratamiento de su enfermedad crónica» y que «se evalúe con urgencia la posibilidad de otorgarle la detención domiciliaria».
El comunicado también denuncia una persecución política: «Resulta grave para la institucionalidad que el aparato judicial sea utilizado para perseguir dirigentes, limitar proyectos políticos o intentar criminalizar al peronismo».
Los dirigentes consideraron «imprescindible revisar las actuaciones que llevaron a la situación actual de Julio De Vido» y «adoptar con urgencia todas las medidas necesarias para resguardar su salud e integridad». El pedido es insólito y fuera de lugar.
De Vido fue condenado a cuatro años de prisión por administración fraudulenta por su rol en los subsidios que el Estado giraba en favor de la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA) durante su gestión al frente del Ministerio que tenía bajo su órbita el sistema ferroviario. Los jueces lo absolvieron por estrago culposo de la tragedia ocurrida el 22 de febrero del 2012 en Once y confirmaron su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El pasado martes, la Corte Suprema rechazó los recursos de la defensa y dejó firme la condena. El exministro había pedido su absolución alegando prescripción, mientras que el Ministerio Público Fiscal había solicitado aumentar la pena.
Tras el regreso a la cárcel común, la esposa de De Vido, Alessandra Minnicelli (quien tenía a su cargo, con la SIGEN, el control de aquellos subsidios) denunció “gravísimas” condiciones de detención. Y señaló que este viernes se lo encontró «deshidratado» y sin acceso a sus pertenencias. Explicó que el detenido no habría recibido su medicación y que la alimentación provista (pan y otras harinas) sería inadecuada para un paciente con diabetes insulino-dependiente.
La respuesta de familiares de víctimas de Once tampoco tardó en llegar: «Nos duele que representantes del pueblo tengan esa falta de empatía. La crueldad expuesta en ese comunicado los define como legisladores, pero sobre todo, como personas», publicaron en redes, en alusión al comunicado que también esgrimió el bloque de senadores de UP.
Recordaron que De Vido cumple las mismas condiciones que otros miles de reclusos, muchos de los cuales ni siquiera tienen condena aún. Y si bien responsabilizó al equipo médico del Servicio Penitenciario por la falta de medicamentos, consideraron que el detenido debe «adecuarse» a las reglas y no esperar tener un tratamiento especial.
«Ser mayor de 70 años no te exime de ir a prisión”, afirmó María Luján Rey, mamá de Lucas Menguini Rey, una de las 52 víctimas de la Tragedia. La actual directora del Observatorio de Víctimas de Delitos celebró la ratificación de la condena al exministro Julio De Vido y adelantó que los familiares se opondrán a cualquier beneficio: “Nos vamos a negar a que se le dé prisión domiciliaria. Tiene que cumplir los cuatro años en una cárcel común, como corresponde”
«Lo han condenado a cuatro años de prisión por la tragedia de Once. Tiene que presentarse y cumplirla. Lo único que puede hacer ahora, que de hecho ha hecho su abogado, y seguramente insistirá mañana cuando se presenten en los tribunales de Comodoro Py, es pedir un beneficio, como es el de la prisión domiciliaria. Seguramente esgrimiendo algún tema de salud, o por ser mayor de 70 años. Por la Ley de Víctimas, sancionada en el año 2018, el juez de ejecución de la pena, ante un pedido de beneficio, tiene la obligación de informar a las víctimas y escuchar nuestra postura al respecto. Y obviamente nosotros nos vamos a negar a que se le dé ese beneficio», dijo a Perfil.
Y agregó: «Consideramos, en primer lugar, que el ser mayor de 70 años no te exime de ir a prisión, y que cualquier problema de salud que tenga el exministro y que pueda ser atendido, tampoco lo eximiría de cumplir la pena en una cárcel común, tal como lo está haciendo Ricardo Jaime, condenado por la misma causa, y que todos los meses pide prisión domiciliaria, y todos los meses se le dice que no, pese a que tiene dolencias de salud y pese a que tiene más de 70 años. Corresponde, por la gravedad de los hechos. Los hechos cometidos por el exministro, y por los cuales se lo ha condenado a cuatro años de prisión, llevaron a la muerte de 52 personas. Y, estos días se lo ha visto en el Zoom afrontando otro juicio por otra causa tremenda de corrupción, mostrando a todos los argentinos que estar ahí, como acusado, no le quita ni el apetito».
