Detienen a una mujer acusada de haber efectuado amenazas de bomba a los Tribunales de Morón
Tras un allanamiento en su domicilio, personal de la DDI Morón detuvo en la localidad de Glew (partido de Almirante Brown) a una mujer acusada de intimidación pública, en el marco de una causa que investiga las amenazas enviadas por correo electrónico a los Tribunales del Poder Judicial de Morón (Brown, entre Sucre y Colón).
Se espera que la sospechosa sea indagada próximamente por el fiscal Nicolás Filippini, de la UFI Nº 8 de Morón, bajo la imputación de intimidación pública reiterada en tres ocasiones. En el lugar se secuestraron su teléfono y una tablet.
“Prepárense a morir en cualquier momento porque escondí una bomba ahí adentro, que cuando se me cante el culo la voy a hacer explotar”, decía el último mensaje enviado a las oficinas judiciales. A raíz de eso, se ordenó la evacuación el edificio, mientras que la Brigada de Explosivos inspeccionaba la zona aunque no hallaron elementos peligrosos.
Luego de una investigación preliminar, se llegó a la conclusión de que el remitente tenía vinculación con una causa que había definido la tenencia de una menor.
En línea con esto, la Fiscalía Nº 4 de Morón fue la primera en recibir las amenazas, ya que intervino inicialmente en la causa que involucraba a su hija y a su nieta. Más adelante, el expediente se radicó en la UFI Nº 2 y, finalmente, el Tribunal de Familia Nº 1 resolvió retirar la tenencia de la criatura a la joven madre, lo que terminó por vincular todos los hechos bajo un mismo hilo conductor, debido a que se trataron de todas las dependencias que fueron amenazadas.
“Una amenaza de bomba es un delito y tiene condena penal”, señalaron las fuentes judiciales al apuntar que las amenazas también complicaron al normal funcionamiento de los departamentos judiciales. “Hasta hubo que evacuar de urgencia a la guardería, con niñas y niños en la calle en medio del frío y sin entender qué pasaba”, recordaron.
Por este motivo, la mujer enfrentaría una causa penal bajo la figura de intimidación pública, delito que prevé una pena de entre 2 y 6 años de prisión.
La última amenaza que se registró en la Justicia de Morón databa del pasado 12 de junio. En esa oportunidad, se ordenó una evacuación preventiva, luego de que una llamada anónima comunicara al 911 que había una bomba instalada en los tribunales.
A raíz de esto, el personal de la Brigada de Explosivos revisó las instalaciones por completo y confirmó que la alarma fue falsa. La mayoría de las personas ya se había retirado, ya que el hecho ocurrió cerca de las 14, en el horario habitual de salida del personal.
Tras comprobar que no existía peligro, la Policía permitió el regreso del personal a sus oficinas. Hasta el momento, no se pudo determinar si la amenaza estuvo vinculada a alguna audiencia específica que se realizaba en el lugar o si formó parte de una maniobra para generar temor.
Por este hecho, se inició una causa penal por intimidación pública en la Fiscalía Nº 7 de Morón, bajo la responsabilidad del fiscal Matías Rappazzo.
