Tragedia de la escuela de Moreno: Condenaron al gasista a 5 años de prisión, por homicidio culposo

El Tribunal Oral Criminal N°4 de Mercedes condenó este martes a cinco años de prisión al gasista Cristian Ricobene por el delito de «homicidio culposo agravado» y lo inhabilitó por una década para ejercer la profesión por las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, la vicedirectora y el auxiliar de la Primaria N° 49 de Moreno fallecidos en 2018 como consecuencia de una explosión de gas en un aula del edificio.

Así lo dispusieron los jueces Patricia Viviana Guerrieri, Fabián Fernando Brahim y Claudia Esquivel, que también revocaron la excarcelación del gasista, que deberá cumplir prisión domiciliaria. En tanto, los otros tres imputados (el interventor que enviado la Provincia para el Consejo Escolar, Sebastián Nasif, y los consejeros escolares Mónica Berzoni y Jorge Galian) fueron condenados a dos años, sin prisión, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y tampoco podrán trabajar en el Estado hasta el 2027.

La tragedia de Moreno se produjo el 2 de agosto de 2018 a las 8.06, minutos antes del comienzo de las clases, cuando encendieron la luz de un aula que sufría pérdida de gas, por lo cual el Ricobene había estado trabajando hasta la noche anterior. De acuerdo a testimonios periodísticos, el gastista alegó que alguien había trabado el piloto de la estufa y que no cortó el servicio porque de hecho no había fuga alguna.

Durante las audiencias de alegatos, la fiscal Valeria Chapuis y el abogado del particular damnificado solicitaron 5 años de prisión con 10 años de inhabilitación especial para Ricobene, y 2 años de prisión con 4 años de inhabilitación especial para Nasif y los consejeros Berzoni y Galian.

Tras la sentencia, el abogado de las víctimas, Juan Cruz Casalla, señaló a la prensa que “se resolvió lo que nosotros habíamos pedido en principio, que es el máximo de las penas legales para el delito que tratamos”.

“Esperamos que se remita efectivamente la causa a la Fiscalía Federal y que se continúe con la investigación por las potenciales posibles responsabilidades de funcionarios del gobierno provincial de aquel entonces”, subrayó.

En su alegato, el abogado Horacio Casalla pidió además que se abra una nueva causa para investigar la responsabilidad de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; el ex director general de Cultura y Educación Gabriel Sánchez Zinni; el director provincial del Consejos Escolares Marcelo Di Mario; y el director de Infraestructura Escolar Mateo Nicholson.

Mabel Zurita, viuda de Rubén, dijo que el veredicto de hoy “es el inicio del pedido de justicia que hemos venido transitando desde aquel 2 de agosto” y destacó que “que es un impase para nosotros después de tanto sufrimiento, de tanta lucha, de tanto reclamo, de ver llorar a mi hija. Es señal de que hemos logrado una respuesta positiva”.

Por su parte, Hernán Pustulnik, excompañero y amigo de Rubén, remarcó que “la idea es poder seguir y que la investigación también abarque juicios a (la exgobernadora) María Eugenia Vidal, Gabriel Sánchez Zinni, Marcelo Di Mario, y Aníbal Asseff que, en mayor o menor medida, fueron responsables políticos de los asesinatos laborales de Sandra y Rubén”.

El debate oral comenzó el pasado 28 de agosto en los tribunales de Mercedes con Ricobene, Nasif, Berzoni y Galian ocupando el banquillo de los acusados. Desde el inicio del juicio, hubo audiencias todos los lunes, miércoles y viernes, por las que desfilaron unos 40 testigos.

Si bien el Tribunal no avanzó en el sentido pretendido desde el minuto cero por el SUTEBA y las demás organizaciones kirchneristas, tampoco encontró una relación directa entre otras dos causas de corrupción (que generaron la intervención del Consejo Escolar) que tuvo en sus manos y que resolvió antes de llegar a este juicio, a pedido de los propios imputados. Esto hizo que no se debatiera en público el rol del peronismo.

El Tribunal había confluido, en principio, con las causas de estafa en el servicio alimentario y de licencias truchas, que apuntaban a consejeros del camporismo y del PJ, además de dirigentes sindicales. Sin embargo, a fines del 2002, el ex tesorero del Consejo Jorge Almada acordó, en un juicio abreviado, dos años de prisión en suspenso e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por los delitos de «Defraudación Pública en Concurso Ideal con Malversación de Caudales Públicos» en el robo a los comedores. La denuncia había sido presentada en 2017 por los consejeros de Cambiemos y el Frente Renovador.

La Justicia había imputado a ocho personas, entre funcionarios y directivos de la empresa que había «sobrefacturado»: Parentti, Cecilia Verónica; Montiel Marcela Inés; Andrade Waldo Oscar, Ladelfa Gladys Beatriz, Di Mario Florencia A; Di Mario Matías Nicolás, Berzoni, Mónica Claudia Alicia; y Zarza Camilo Gustavo.

También buscaron un juicio abreviado las hermanas Lilian y Myriam Juárez (ex titular de UPCN de Moreno) y Bettiana Arazco (sobrina de la sindicalista) imputadas desde el 2018 por vender licencias truchas.

Miryam fue detenida recién en mayo del 2021, cuando ingresó a un centro médico con Covid y se hizo pasar por su hermana. El mismo Tribunal N° 4 las condenó por «asociación ilícita» a 5 años y 10 meses de cárcel.