Cautelar de PLAC: La Justicia suspendió las vías de excepción aprobadas en el HCD de Ituzaingó
En el último día hábil antes del inicio de la feria de verano, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Martín dictó una medida precautelar que ordenó suspender la ejecución de las 27 excepciones urbanísticas aprobadas en la sesión del 3 de diciembre último en el HCD de Ituzaingó, a instancias de la denuncia presentada por Parque Leloir Asociación Civil en septiembre último y que llegó a esta instancia tras el rechazo del Juzgado de Morón.
La cautelar iniciada por PLAC en septiembre intenta ponerle un freno a las vías de excepción que bajo el ardid del «convenio urbanístico» están cambiando totalmente la fisonomía de Parque Leloir, especialmente sobre el corredor de la Av. Martín Fierro, con la instalación de grandes superficies como hoteles, hipermercados y shoppings a cielo abierto.
El planteo presentado por el Dr. Marcelo Bolaños reniega de la legitimidad de estos proyectos (aprobados en la escribanía de un Concejo dominado por el PJ), habida cuenta de que se trata de una zona Ecológicamente Protegida ampliada por la última reforma del COU (2017), que ni siquiera habría sido homologada por Provincia de Buenos Aires.
De acuerdo al comunicado de la Asociación, el fallo de Cámara «no hizo lugar al planteo cautelar genérico solicitado (es decir la prohibición del dictado de excepciones durante la sustanciación del juicio) pero al menos suspendió las aprobadas en diciembre, lo cual genera un hecho inédito en un Municipio donde algunos negocios pasan sin ningún control (como la permuta de tierras fiscales que financió la obra del estacionamiento debajo de la Plaza 20F o el plan de viviendas que terminará siendo un barrio privado en la esquina donde prometían hacer una universidad).
La batalla legal nació tarde. Pero a principios de septiembre, y luego de tratar el asunto en una asamblea de socios, PLAC «presentó una demanda declarativa de certeza y de reconocimientos de derechos, juntamente con un pedido de medida cautelar, contra la Municipalidad de Ituzaingó con motivo de la aprobación sistemática e ilegal de excepciones urbanísticas sin participación ciudadana, sin evaluación ambiental y en contravención con el CPU vigente».
Finalmente, luego de diversas dilaciones, el 26 de noviembre el Juzgado Contencioso Administrativo de Morón, a cargo del Dr. Marcelo Gradin, rechazó la cautelar. Se trata de un juez subrogante puesto por Cámara, luego de que quedara vacante el concurso para cubrir el cargo. Como su antecesora, Gradin no tenía carrera judicial, más allá del título de abogado, pero sí políticos: Fue funcionario de Moreno y empleado en la Universidad Nacional de ese distrito.
Será el mismo Juzgado el que tenga que resolver la cuestión de fondo. Por lo pronto, el fallo de Cámara ya causó una reacción del Municipio, que el 8 de enero solicitó el levantamiento de la medida cautelar: Argumentó que de las 27 excepciones, sólo cinco se referían a Parque Leloir. Asimismo, la Municipalidad solicitó que, en caso de que la Cámara confirme la cautelar, «se le exija a PLAC una caución real por los daños que pudiere causar», explicó la Asociación.
Naturalmente, PLAC solicitó a la Cámara que «mantenga y precise la medida precautelar, circunscribiéndola al área de Parque Leloir y zonas adyacentes, prohibiendo nuevas excepciones y suspendiendo los efectos de las ya aprobadas el 3/12/2025, hasta que el Juzgado de Primera Instancia resuelva la sentencia de fondo».
«Las ordenanzas en materia urbana tienen que estar convalidadas por la Provincia, que revisa y confronta con la propia ley, que dice, por ejemplo, que no podés aprobar una vivienda multifamiliar donde no hay cloacas o agua potable. Nadie evaluó (en el Municipio) cómo impacta en cambio de uso de suelo en las napas de agua», explicó Bolaños.
El abogado considera que la convenios urbanísticos incluidos en la última reforma del COU, «más que una vía de excepción, es una vía trampa, porque deforma lo que es una herramienta muy útil para la planificación urbana». «Es como que a cambio de dinero se aparta de la ley general. No aplica la ley de hábitat, no genera procedimientos previos de participación ni fundamenta por qué hace las excepciones, a través del tiempo y en contra de los vecinos», dijo.
