Hay tres pedidos de juicio político contra Marta Pascual, la jueza Penal que no quiere menores presos
La jueza Pascual, en agosto, recibe un reconocimiento en la universidad de Alte Brown de la mano de Mariano Cascallares, intendente y Vice de la Cámara Baja bonaerense
Al cumplirse cuatro días de la resolución cautelar de la jueza de Menores de Lomas de Zamora, Marta Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación de la ley penal juvenil que baja la imputabilidad a los 14 años, se presentaron tres pedidos de juicio político contra la magistrada en el Senado por supuesto “mal desempeño” en sus funciones.
Las iniciativas fueron ingresadas en la mesa de entradas de la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento con las firmas del diputado provincial Manuel Passaglia (Hechos), del senador Guillermo Montenegro (PRO) y del abogado bonaerense Alfredo Drocchi.
La cautelar dictada por la jueza en la causa “Federación Familia Grande Hogar de Cristo s/ Habeas Corpus Preventivo Colectivo” dispuso la suspensión preventiva de la aplicación de la Ley Nacional 27.801 en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires.
En la resolución mediante la cual suspendió el Régimen Penal Juvenil, Pascual convocó a una audiencia para el 16 de septiembre a las 10 en la que funcionarios bonaerenses de las áreas de Seguridad, Justicia y Niñez deberán informar qué medidas adoptaron y cuáles tienen previstas para implementar el nuevo régimen.
El nuevo régimen penal juvenil, que había sido sancionado en febrero de este año por iniciativa del Gobierno nacional, establece la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
La iniciativa contemplaba un período de 180 días de transición hasta la entrada en vigencia de la norma de forma tal que las jurisdicciones pudieran adaptar sus estructuras penitenciarias para alojar a población adolescente.
Al finalizar dicho plazo, se conoció el fallo de la magistrada, y desde el oficialismo y sectores políticos cercanos apuntaron contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
El miércoles pasado, la ONG Usina de la Justicia había presentado una denuncia penal contra Pascual por supuesta «usurpación funcional y abuso de autoridad».
En paralelo solicitó intervenir como amicus curiae en el habeas corpus que frenó la normativa. Para la entidad, la determinación de la magistrada es “absolutamente arbitraria y contraria a Derecho” y viola la división de poderes, debido a que, la magistrada suspendió una norma que fue aprobada por el Congreso Nacional.
Según la ONG, la decisión de Pascual se basó en «una hipótesis de futuro» al conjeturar sobre un posible incremento de adolescentes detenidos y en consecuencia, problemas de alojamiento.
La jueza y el padrinazgo político
Marta Pascual nació y creció en Almirante Brown, es abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata y cuenta con posgrados en Derecho Público y Magistratura. Pero su militancia la llevó a ser ministra del gobierno de Eduardo Duhalde, donde se desempeñó al frente del área de Familia, y en los últimos años, del intendente y vicepresidente de la Cámara de Diputados, Mariano Cascallares, quien el mes pasado la homenajeó en la Universidad de Almirante Brown, donde ofrece cátedras referidas a la «defensa» de la niñez y en contra de su encierro.
La jueza también trabajó como consultora de UNICEF y ocupó la presidencia de la Asociación Internacional de Magistrados de Juventud y Familia, desde donde representó a la Argentina en encuentros de América Latina, Europa y Asia.
En 2025, recibió el Doctorado Honoris Causa de la universidad nacional con sede en Almirante Brown, una distinción que destacó su trayectoria en el derecho, la justicia social y la defensa de los derechos humanos, con foco en niñez y adolescencia.
En el plano académico, dirige la carrera de Especialización en Derecho de Familia de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, fue docente en distintas universidades nacionales e internacionales, publicó más de 30 trabajos especializados y participó como conferencista y jurado en congresos sobre justicia restaurativa, derechos humanos y niñez.
Uno de los proyectos que impulsó desde Lomas de Zamora es Involucrados, una iniciativa de justicia restaurativa para jóvenes en conflicto con la ley penal. El programa articula al Poder Judicial con el municipio de Almirante Brown y la universidad para promover que los adolescentes reparen el daño causado y reconstruyan sus vínculos con la comunidad.
