Autopista Presidente Perón: Un fallo obliga a su mantenimiento y al cierre de zona no habilitadas

La Justicia Federal de San Martín ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad reforzar las medidas de cierre, señalización y prevención en los sectores no habilitados de la Autopista Presidente Perón. El fallo, que fue apelado por el gobierno nacional, obedece a una presentación de la Provincia de Buenos Aires, que pidió el traspaso de la obra de 83km de extensión, para incorporarla a la concesión de AuBaSa y así poder terminarla bajo un modelo de peajes.

La obra comenzó hace ya más de una década y serviría para unir el norte con el sur del GBA, a la altura del tercer cordón, continuando el Camino del Buen Ayre, desde la Autopista del Oeste hasta la RPN°2. Hay unos 53km habilitados, donde crece el pasto y se acumulan los residuos, sobre todo en la zona de la subida por la R40, en Agustín Ferrari. Otro tramo ya está construido en Merlo. Aunque no está terminados y necesita un par de puentes, es igualmente utilizado por los vecinos. El tramo más extenso que falta (unos 20km) es entre las rutas N°53 y 2, en Varela.

La resolución del juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, quien subroga el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, hizo lugar parcialmente al planteo del ministro bonaerense, Gabriel Katopodis, debido a que no está acreditada «una situación uniforme de abandono o inactividad» en toda la traza.

Vialidad informó que, a lo largo de 2026, se realizaron tareas de conservación, mantenimiento y ejecución en distintos sectores, además de medidas de prevención en algunas zonas no habilitadas. La Provincia argumentó con el caso un nene que murió al caer de 15 metros de altura. Claro que eso es parte del ecosistema del GBA. No es novedad que vecinos atraviesan tanto la Ruta 8 como el Camino del Buen Ayre, a la altura de Pilar y de José León Suárez.

Pero eso sirvió para que el juez ordenara a Vialidad a mantener y, si resulta necesario, reforzar los cierres, la señalización y las medidas destinadas a impedir el acceso vehicular o peatonal a los sectores que no se encuentren habilitados. La obligación también alcanza a los tramos abiertos al tránsito vehicular, en los que los propios relevamientos técnicos del organismo hayan detectado deficiencias concretas en las defensas u otros sistemas de contención.

Por lo pronto, Vialidad Nacional debe informar a la justicia el estado de las estructuras y realizar las reparaciones, reposiciones o adecuaciones técnicas que correspondan. Además, tendrá que informar al juzgado cuáles son los sectores alcanzados, qué medidas de cierre y señalización adoptó y qué intervenciones realizó para corregir las fallas detectadas.

Es importante aclarar que la cautelar dictada tiene un plazo de 6 meses y que no obliga al Gobierno nacional a reanudar los trabajos, ni a completar la Autopista Presidente Perón ni dispone su traspaso a la administración bonaerense. Esas cuestiones forman parte del reclamo principal y continuarán en discusión dentro del expediente.

La Autopista tuvo habilitaciones parciales, entre 2021 y 2023. De los 31 km que resta finalizar, 18,5 km ya se encuentran construidos, pero sin habilitación al tránsito por tareas complementarias pendientes, mientras que en los otros 12,5 km deben resolverse cuestiones vinculadas con la expropiación de los terrenos por donde pasaría la traza.

Desde diciembre de 2023 estos trabajos quedaron paralizados por la falta de recursos y de gestión del Estado nacional. El proyecto aliviaría el tránsito por CABA, que busca conectar con La Plata, la Costa Atlántica y las rutas 3 y 205. Y mejoraría la comunicación entre 12 Municipios afectados por la traza: San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, La Matanza, Ezeiza, San Vicente, Presidente Perón, Florencio Varela y Berazategui.