Morón: Echaron a una empleada vinculada a la banda que extorsionaba al soldado que se suicidó
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Morón confirmó este domingo la baja de una empleada que había sido detenida a principios de mes sospechada de integrar la banda que se dedicaba a extorsionar personas desde la cárcel y de la cual fue víctima el soldado Rodrigo Gómez (21), quien se quitó la vida en diciembre en la Quinta de Olivos.
Se trata de Karen Yael Cufré (24), quien había sido incorporada en 2025 al Municipio y se desempañaba nada menos que en la Sala de Monitoreo, que depende de esa cartera que conduce desde hace un año el abogado Damián Cardoso. Vecina del Barrio Carlos Gardel, se cree que llegó al puesto porque militaba en una organización del PJ local.
La Secretaría se encargó de aclarar en su cuenta de Instagram que había sido contratada como personal temporario bajo «conforme los procedimientos habituales» y que no contaba con antecedentes hasta ese momento. «Tras los hechos del 16 de diciembre pasado, que derivaron en la muerte del soldado Rodrigo Andrés Gómez en la Quinta de Olivos, y ante la investigación que analiza posibles vínculos con allegados a la agente, se dispuso su inmediata cesantía semanas atrás», se informó, luego de que trascendiera el perfil de la ex empleada detenida por el caso Gómez.
De acuerdo a la investigación conducida por el Juzgado Federal N°1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, la banda estaba conformada por internos de la Unidad Penitenciaria N°36 de Magdalena, con nexos en el exterior. Entre ellos había cuatro mujeres, tres de las cuales seguirán detenidos, mientras buscan dar con otros tres sospechosos.
La organización habría operado, al menos, entre el 14 de diciembre de 2025 y el 9 de febrero pasado (cuando se hicieron los allanamientos), y se le atribuyen, en principio, tres hechos, entre otros muchos pendientes aún de esclarecimiento.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva explicó anteriormente que los siete reclusos operaban la organización desde la unidad penitenciaria, mientras que las mujeres eran las recaudadoras de la banda, las que iban a buscar el dinero que pagaban las víctimas de las extorsiones, por las cuales también habrían sometido a Gómez.
En la misma conferencia de prensa del 9 de febrero, Arroyo Salgado indicó: “Lo más preocupante es que esto no es novedoso, porque tenemos infinidad de antecedentes de delitos graves cometidos desde el penal, gracias al uso irrestricto de un celular, que hoy en día es una herramienta, pero que, como lo fue en este caso, es un arma letal”.
La causa comenzó el 16 de diciembre pasado, luego del hallazgo del cuerpo del hombre de 21 años, que pertenecía al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín del Ejército Argentino, quien se quitó la vida en el interior de una de las garitas de la residencia presidencial, donde cumplía funciones de custodia.
El joven había dejado una carta en donde se despidió de su familia, les pidió perdón y expresó angustia por las consecuencias de haber sido víctima de la agrupación delictiva y señaló: “Lamento, mamá, por esta estúpida decisión. Pero no quiero ser más una carga para todos y no te quiero dar problemas nunca más”.
En ese contexto, la defensa de tres de las mujeres solicitó la excarcelación, pero el fiscal Iuspa se opuso al planteo al considerar la gravedad de los hechos, la posible existencia de más damnificados y el desenlace trágico del soldado, que evidenciaban riesgos procesales concretos.
El representante de la fiscalía sostuvo que, en caso de recuperar la libertad, las imputadas podrían entorpecer la investigación o eludir el accionar de la Justicia, ya que aún restan medidas de prueba pendientes y no se descarta la participación de otras personas en la maniobra.
Además, remarcó que la organización habría actuado con una estructura coordinada y con capacidad para intimidar a las víctimas mediante amenazas de difusión de supuestos contenidos íntimos en entornos digitales, modalidad que formaba parte del mecanismo de extorsión.
La magistrada coincidió con esos argumentos y rechazó los pedidos de excarcelación al advertir que persisten riesgos de entorpecimiento y de reiteración delictiva, mientras se aguardan los resultados de los análisis de los teléfonos celulares secuestrados, que podrían aportar nuevos elementos a la causa.
Cabezas de la organización: Tomás Matías Francavilla -quien se hacía pasar por el policía Nahuel Conti- se alojaba junto a Mauricio José Duarte Arecó en la Unidad 36; y Kevin Manuel Sandoval, de la Unidad 26 de Olmos.
Cuatro mujeres operaban desde el exterior: Camila Alejandra Moscato, Iara Ayelén Cosentino, Érica Yamila Torres y Karen Yael Cufré (éstas últimas serían novias de los acusados y cumplían otras funciones en la estructura delictiva).
