Identifican alumnos detrás de las amenazas a colegios en Moreno y piden embargar a sus padres
La fiscal de Responsabilidad Juvenil Alejandra Piqué, a cargo de la UFI N°6 de Moreno – General Rodríguez, en coordinación con Érica Chiessi y Solange Castelli, de la UFI N°7 del mismo distrito, solicitó embargos para los padres de alumnos detrás de amenazas de tiroteos en escuelas.
Sucede que la investigación, tras la ola de 70 denuncias de directores de establecimientos educativos solo el jueves pasado, logró identificar a siete menores, dos de 16 años y, por lo tanto, punibles. A raíz de los resultados, la DDI local realizó este martes siete allanamientos, algunos de ellos positivos: los agentes secuestraron armas, que serían las mismas que habrían sido exhibidas en redes a modo de amenaza por los estudiantes investigados. También incautaron celulares, tablets, computadoras y consolas de videojuegos.
Durante el operativo, se notificó a los sospechosos por el delito de intimidación pública y fueron citados a indagatoria para este miércoles. “Tienen que venir con sus padres”, detalló una fuente del caso a Infobae.
Al mismo tiempo, la fuente explicó que el embargo debe ser dispuesto por la jueza de Garantías del Joven, Mirta Guarino. Y aclaró que aún no está estipulado el monto del daño ocasionado, un valor que deberá establecer la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, tal como sucede con los llamados al 911 por amenaza de bomba, un modus operandi en boga entre los años 2018 y 2019. A partir de esa definición, se les trabaría el embargo.
“En estos casos, las clases no se suspendieron”, remarcaron. En cambio, se tomarán en cuenta los gastos que generaron las investigaciones, los procedimientos policiales y los que se produzcan por el cambio de protocolos en las escuelas.
Al mismo tiempo, varios distritos resolvieron hacer cargo a las familias por los costos de los operativos de seguridad y los perjuicios que generan.
El gobierno de Santa Fe tomó esa decisión, al calcular que el esfuerzo económico de un despliegue policial en un establecimiento operativo oscila entre los cinco y seis millones de pesos por procedimiento. Además, pueden dejar antecedentes negativos para los involucrados para solicitar permisos de viaje o certificados.
En la provincia, la semana pasada se registró un pico de amenazas en establecimientos educativos de la provincia, con 65 denuncias en un solo día, la mayoría mediante carteles en baños escolares.
Denuncias y detenciones
El Departamento Judicial de San Isidro, que abarca los municipios de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre y Pilar recibió cerca de 600 denuncias en apenas dos días. El fenómeno, que incluye pintadas con la frase “Mañana tiroteo” y mensajes difundidos en redes sociales, se vincula con el impacto generado por el crimen de San Cristóbal.
El fiscal Andrés Zárate, a cargo de la Fiscalía Penal Juvenil del Departamento Judicial de San Isidro, encabeza una serie de investigaciones para determinar el origen y la veracidad de las amenazas. Las presentaciones se acumularon entre el miércoles al mediodía y el inicio del viernes, con unas 60 comisarías que atienden entre 8 y 10 escuelas cada una. Además, esta situación se replicó el escuelas de otros distritos, como Escobar, San Martín y Malvinas Argentinas, pertenecientes a otros departamentos judiciales.
En algunos establecimientos se registraron entre 10 y 12 denuncias realizadas por distintos alumnos, lo que evidencia la magnitud del fenómeno. Las advertencias aparecen tanto en paredes de escuelas como en publicaciones digitales, replicando un patrón que las autoridades describen como un “efecto contagio”.
Uno de los episodios investigados tuvo lugar en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 “Eduardo Ader”, en Villa Adelina: por este hecho un estudiante fue aprehendido en la localidad de Carapachay tras ser identificado por una publicación en Instagram vinculada a una amenaza.
Por su parte, en La Matanza, la DDI allanó a un ex alumno de un colegio de Aldo Bonzi, acusado de enviar mensajes intimidatorios en un grupo de WhatsApp.
De acuerdo con fuentes judiciales, el joven habría escrito que atacaría a sus compañeros y luego compartido imágenes de armas. La denuncia fue realizada por la madre de un estudiante, lo que derivó en una investigación judicial y patrullajes preventivos en la institución. Posteriormente, se determinó que el sospechoso estaba bajo tratamiento psiquiátrico.
También hubo amenazas en colegios de Morón, Tres de Febrero e Ituzaingó, entre otros distritos.
