Familiares de víctimas celebran la media sanción de la ley que baja a 14 años la edad de imputabilidad
No puede ser tan fácil matar a alguien y seguir con tu vida», declaraba Paola Eiroa, madre de Ezequiel Altamira, el adolescente asesinado a la salida del boliche Coolsite de Ituzaingó, desde los exteriores del Congreso, donde este jueves se le dio media sanción a la ley que baja la edad de imputabilidad a 14 años, a tono con casi todo el resto del continente.
«Para mi hijo ya no hay Justicia, pero me pongo en el lugar de las víctimas que sí. Por más que tengan 14 años, como el asesino de mi hijo, recibirán Justicia. Es lo único que pedimos. Que nos escuchen y visibilicen. Todo esto es muy agotador. Es importante que se haga de una vez para que dejemos de estar en este lugar. Uno no quiere castigarlos, pero tiene que haber alguna pena», declaró Paola en el canal La Nación+ antes de que el Diputados se vote la reforma impulsada desde el Gobierno y que contó con el consenso de aliados (149 votos a favor y 100 en contra).
Paola acompañó el activismo de la Comisión de Acompañamiento de Familiares de Víctimas (CaFaVi), defensora del proyecto. Su hijo murió mientras dormía, horas después de ser atacado por una patota de adolescentes de Villa Udaondo, en la madrugada del 26 de octubre de 2024. Los tres acusados eran menores y el más chico (14) fue señalado como autor del golpe mortífero en la cabeza. Tal vez porque era el único inimputable. Con la reforma, hubiera sido alcanzado en el nuevo régimen penal juvenil, que implica condenas de hasta 15 años de restricción de la libertad.
En el recinto se dijeron muchas medias verdades. «Los menores son una parte ínfima del delito». Es cierto. Tanto como que un 10% de los robos a mano a armada son realizados por menores de 16 y 17 años. Y no se cuentan a los cometidos por chicos menores de esa edad porque están fuera del sistema penal y el Ministerio Público no los suma al índice.
A través de un comunicado oficial, el Gobierno consideró que la iniciativa pone fin a una discusión postergada durante décadas y afirmó que la normativa vigente había quedado desactualizada frente a la evolución del delito. En el texto, el Ejecutivo señaló que durante más de cuatro décadas la dirigencia política evitó abordar esta reforma y recordó que se presentaron más de 37 proyectos sin que ninguno fuera tratado.
“El delito se volvió más violento, más organizado y más precoz”, sostuvo el comunicado, y agregó que la Argentina “no puede seguir rigiéndose por normas pensadas para un país que ya no existe”.
Según la postura oficial, el nuevo régimen introduce un principio básico: quien comete un delito debe responder ante la Justicia, independientemente de su edad.
“El Presidente Javier G. Milei agradece a los diputados que acompañaron esta media sanción y dieron una respuesta clara frente a una de las principales preocupaciones de los argentinos: la inseguridad”, expresa el escrito.
En ese marco, el Gobierno expresó su confianza en que el Senado trate el proyecto con la urgencia que la situación exige, con el objetivo de que “el fin de la impunidad sea una realidad”.
El comunicado también remarcó que un ciudadano de 14 años que participa en un delito comprende la gravedad de sus actos y sostuvo que sostener lo contrario implica “subestimar a la sociedad y abandonar a las víctimas”. Con la media sanción ya aprobada en Diputados, el proyecto deberá ahora ser debatido en la Cámara alta para convertirse en ley.
La iniciativa fue sancionada por 149 a favor contra 100 votos en contra del peronismo y la izquierda, Elijo Catamarca, y Defendamos Córdoba.
La iniciativa fue respaldada por la Libertad Avanza, la UCR, PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, e Independencia.
Los diputados del Frente de Renovador estaban a favor de la baja de la imputabilidad de 16 a 14 años, pero votaron en contra de la iniciativa, aunque uno de los principales referentes, Ramiro Gutiérrez, aclaró que lo hizo a favor en la discusión en particular
Ahora la iniciativa será tratada por el Senado y es posible que se trate en una sesión a celebrarse el 26 de febrero, según informaron fuentes parlamentarias del Senado a la Agencia Noticias Argentinas.
Por primera vez desde la restauración de la democracia llega al recinto de sesiones el debate sobre la edad de imputabilidad que, si se aprueba en el Senado, se reducirá de 16 a 14 años.
La propuesta impulsada por la Libertad Avanza plantea una reforma de una ley de la dictadura y tendrá un nuevo régimen especial para los menores, ya que propone desde sanciones menores hasta 15 años de cárcel para aquellos graves delitos.
Con esta ley no se podrá establecer la pena perpetua y se fija que los menores tendrán que tener una prisión, es un lugar especial, pero separado, alejado de los adultos criminales.
Uno de los temas que generó mayor debate fue el financiamiento, e incluso el diputado Maximiliano Ferraro, planteó una propuesta para establecer un mecanismo directo pero fue rechazado por el oficialismo que insistió con su propuesta de la firma de convenios entre Nación y Provincias.
El régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.
Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.
El debate
La presidenta de la comisión de Legislación Penal y miembro informante del dictamen de mayoría, Laura Rodríguez Machado, sostuvo que la intención no es “amontonar menores privados de la libertad en establecimientos” sino “resocializarlos”.
«Hoy pasa eso salvo algunas provincias que tienen una normativa particular. Hoy el régimen vigente que muchos no quieren modificar ni modificar nunca permite la adopción de vagas medidas restrictivas”, lamentó la cordobesa.
A su turno, la diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz fustigó duramente a la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich por instalar «una campaña de marketing diciendo ‘delito de adulto, pena de adulto’.
“Le puede servir para una campaña electoral pero se aleja de lo que tenemos que hacer quienes tener la responsabilidad de sacar adelante este país”, subrayó.
Desde el interbloque Unidos, la presidenta del bloque de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, señaló que su acuerdo con bajar la imputabilidad pero planteó que “estamos de acuerdo con la baja de la edad de imputabilidad y con tener un sistema para reeducar y resocializar a los menores, no puede ser que todo el costo deban pagarlo los gobernadores”.
El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo aclaró que “con esta ley no significa que mañana vamos a terminar con la delincuencia. No va a alcanzar con cambiar el número en el Código Penal, no lo va a resolver. No solo se trata con bajar la edad porque vi cómo organizaciones narcos reclutaban jóvenes”.
La diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman afirmó hoy que el nuevo Régimen Penal Juvenil que impulsa el oficialismo y sus aliados busca «darle más facultades a los policías para que hostiguen a los pibes en los barrios».
«No somos nosotros los que relacionamos delito con pobreza, pero siempre la criminalización efectiva se aplica sobre los sectores populares y los hijos de la clase trabajadora», advirtió.
Al respecto, cuestionó que «el Gobierno del ‘no hay plata’ tiene plata para la persecución penal de los pibes».
