Senado aprobó el nuevo régimen penal juvenil, que baja de 16 a 14 años la edad de la imputabilidad
El Senado de la Nación aprobó este viernes la nueva Ley Penal Juvenil, que baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La votación resultó 44 votos positivos, 27 negativos y una abstención. Familiares de víctimas de delitos urbanos asistieron nuevamente a la sesión y calificaron la reforma como un «logro», ante el crecimiento del crimen juvenil.
Contrariamente a lo que se cree, aunque en el universo de las causas representan un ínfima minoría (en el sistema penal van desde estafas, amenazas, abusos sexuales o lesiones culposas entre muchas otras tipificaciones) los robos violentos tienen a los jóvenes y adolescentes como responsables de más de la mitad de los casos. Entre un 8 y un 12% de los casos corresponden a menores de 15 a 16 años, de acuerdo a estadísticas del Ministerio Público Fiscal bonaerense.
Las causas que tienen a menores debajo de esa franja no entran en los registros. Paola Eiroa, madre de Ezequiel Altamira, quien fue asesinado a la salida del boliche de Parque Leloir, en octubre del 20214, señaló que los familiares están “muy contentos todos”, así como destacó que durante la sesión se mostró “mucho respeto” hacia ellos.
La causa tiene a dos menores bajo el Régimen Penal Juvenil y a un tercero de 14 años, al que señalaron como autor del fierrazo que le costó la vida al joven moronense, exonerado de todo proceso penal. Estaría preso bajo el nuevo régimen.
Por su parte, Laura, la madre de Lara Fernández (la adolescente de 17 años asesinada por delincuentes), declaraba ayer: “Esto es una esperanza para todos los argentinos, es una herramienta. Tendría que haber salido hace mucho tiempo atrás y así, quizás, los asesinos de todos los que estamos hoy en el Senado (…) habríamos tenido un poco de justicia”.
“Estamos contentos, emocionados y agradecidos con todo senador que votó la aprobación. Agradezco a cada uno de los 149 diputados, también. Es un cambio enorme para el país”, cerró Fernández.
Bruno Rugna, parte del equipo de abogados que representa a Romina Monzón, la mamá de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado de 23 puñaladas por menores de edad en la provincia de Santa Fe, sostuvo que la medida “es un punto de inflexión”, al tiempo en que se mostró “contento por lo que se pudo hacer”.
En línea, María Eugenia Rodríguez, madre de Uma Aguilera, la niña de 9 años asesinada de un disparo durante un intento de robo en Lomas de Zamora, se mostró conmocionada: “La verdad es una mezcla de sentimientos”.
Romina, días atrás, había convocado a una marcha en apoyo a la legislación y en memoria de su hijo, Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado de 23 puñaladas por menores de edad a fines de diciembre en la ciudad de Santo Tomé.
Por su parte, Marcos Gómez, el padre de Kim Gómez que fue asesinada en La Plata durante un robo, compartió una extensa dedicatoria en redes sociales: “Me siento triste y tranquilo al mismo tiempo. Hoy tuve que tomar una decisión con el corazón. Era el último día del juicio donde podía llegar a hablar y contarles quién fuiste, a los jueces, la fiscal y la defensa, pero no fui y me duele no haber estado”.
Sin embargo, Marcos enfatizó: “Se trató la ley que peleo desde hace mucho, que ni a mi ni a vos nos va a servir para algo porque llega tarde para nosotros, pero estoy seguro que para muchos va a ser muy importante. Vine a poner la cara para que sientan vergüenza cuando me miren a los ojos”.
“No hay mejor ley o manera de cambiar las cosas con educación recuperando los valores que se perdieron”, cerró Gómez reafirmando su compromiso social a través de su labor en colectas de útiles escolares.
La reforma no hizo más que ubicar a la Argentina en los mismo niveles que ya se aplican en Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana. En Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá el límite fue fijado en los 12 años.
Justamente para que la propuesta pueda tener la media sanción de Diputados, con 149 votos a favor y 100 en contra, el Gobierno tuvo que prometer una partida de más de $ 23.700 millones para financiar la aplicación del sistema y habilitar a las provincias a firmar convenios con el Gobierno.
